En uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en Antioquia, la Alcaldía de Itagüí, en coordinación con la fuerza pública, desmanteló una estructura criminal que manejaba más de 45 millones de pesos diarios a través de extorsiones y microtráfico. La operación, ejecutada de forma simultánea, dejó 19 capturados y marcó un antes y un después en la lucha por la seguridad urbana en Colombia.

Una madrugada, el estruendo de los martillos rompió el silencio en distintos barrios de Itagüí. En cuestión de minutos, 19 personas, algunas todavía dormidas, estaban esposadas, sorprendidas por un operativo de inteligencia que llevaba ocho meses gestándose en secreto. Lo que parecía una red criminal dispersa era, en realidad, una estructura jerárquica que manejaba cerca de 45 millones de pesos diarios a punta de extorsión, drogas y miedo.

Las autoridades la llamaron “Operación Independencia”. El nombre no fue gratuito. Se trataba de recuperar el control de territorios que, durante años, estuvieron en manos de bandas criminales que operaban como empresas del crimen. Cada uno con un rol: unos cobraban extorsiones, otros traficaban drogas sintéticas, otros resolvían “ajustes de cuentas”. Todos obedecían a un mismo mando: alias “Pipón”, el cabecilla, capturado en este mismo operativo. Su primo, alias “Bola”, está prófugo y las autoridades ofrecen hasta 13 millones de pesos por información que lleve a su captura.

Durante ocho meses, agentes de inteligencia, fiscales especializados y unidades élite del Ejército y la Policía siguieron cada paso de esta organización que venía tomando control de varios barrios de Itagüí. Los seguimientos, interceptaciones, grabaciones y operaciones encubiertas permitieron construir un expediente sólido que derivó en una ofensiva simultánea de gran escala: 26 allanamientos ejecutados con precisión en algunos barrios como La Independencia, Yarumito, El Rosario, El Palmar y La Unión. La operación también alcanzó al municipio de La Estrella y al corregimiento San Antonio de Prado.

Los resultados hablan por sí solos. Diecinueve capturados, de los cuales diecisiete fueron detenidos por orden judicial y dos en flagrancia. Entre ellos, un menor de edad y una mujer también sorprendida en plena acción delictiva. La organización tenía una estructura vertical. Cada miembro tenía una función asignada: distribución de estupefacientes, cobro de extorsiones, ajustes de cuentas y venta de drogas sintéticas. Los alias con los que operaban parecían sacados de una novela de crimen urbano: “Puntilla”, “El Primo”, “Tino”, “Pájaro”, “Chita”, “El Negro”, “Tatiana”, “Julián Pavón”, “El Tío”, “El Búho”, “Lulo”, “El Chino”, “Karina”, “Germán” o “El Canoso”. Todos cumplían un papel específico dentro de una maquinaria de crimen organizada y disciplinada.

El caso no solo revela el nivel de organización de estas redes en municipios como Itagüí, sino también la determinación de las autoridades locales por recuperar la seguridad en las calles. Diego Torres, alcalde de la ciudad, no dudó en calificar la operación como un hecho histórico. “Con esta megaoperación seguimos demostrando que la criminalidad la combatimos en equipo y con decisión. Lo prometimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Los bandidos no volverán a Itagüí”, afirmó con contundencia.

El mandatario no ocultó su satisfacción ante el operativo y fue enfático en que este es apenas un paso dentro de una estrategia más amplia para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. “Itagüí seguirá siendo una ciudad próspera y segura para todos”, añadió.

Las pruebas recolectadas durante la investigación incluyen horas de grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, seguimientos presenciales, reconocimientos fotográficos, información de inteligencia, inspección de procesos e interceptaciones telefónicas. Todo este material probatorio fue clave para que la Fiscalía y los jueces avalaran las órdenes de captura y se dictaran medidas de aseguramiento intramuros contra los implicados.

Pero más allá del balance judicial, la operación “Independencia” envía un mensaje claro y contundente: Itagüí no está dispuesta a retroceder frente al crimen. La articulación entre la administración municipal, la fuerza pública y la justicia logró neutralizar una red criminal con alto poder de intimidación. El silencio, el miedo y la extorsión, que por años marcaron la vida de muchos ciudadanos, recibieron un golpe certero.

La ciudad respira un nuevo aire. Y aunque el camino hacia una seguridad plena es largo, este operativo marca un antes y un después en la forma como Itagüí enfrenta sus desafíos. Porque en medio de una región aún golpeada por el crimen, este municipio antioqueño decidió alzar la voz y actuar con fuerza.

Y lo hizo con una frase que hoy retumba con más peso que nunca: “Los bandidos no volverán a Itagüí”.

Cristina Arenas Vélez, doctora en Teatro y Cine de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos y destacada docente de la Universidad de Medellín, hizo su transición a los 57 años. Tras décadas de espera, el 16 de enero se hizo realidad una decisión que marcaría su vida: vivir en armonía con quien siempre fue, más allá del tiempo y los miedos. Esta es su primera entrevista pública.

El 16 de enero de este año, Cristina Arenas Vélez se miró al espejo y vio, por fin, el reflejo que siempre había anhelado. Su rostro, antes una máscara impuesta por la vida, ahora le devolvía la mirada con una verdad incuestionable: ya no era Fernando, sino Cristina. No porque antes no lo hubiera sido en esencia, sino porque, después de 57 años, el mundo también la reconocía así.

La historia de Cristina no es solo la de una mujer trans que decidió transitar a su identidad real. Es la historia de una académica brillante, una doctora en Teatro y Cine egresada de la Universidad de Kansas, una docente respetada en la Universidad de Medellín, y, sobre todo, de alguien que se atrevió a desafiar el tiempo y los prejuicios para abrazar su verdadera esencia.

Fernando Arenas Vélez nació con la convicción de que algo no encajaba. En su infancia, entre los barrios Santa Gema y La Castellana, creció bajo la tutela de su abuela y su padre. A simple vista, era un niño más en una familia tradicional. Pero dentro de sí, la realidad era otra. A los 9 o 10 años, empezó a sentir ese deseo profundo e inexplicable de ser vista como mujer, aunque el mundo ni siquiera le ofreciera referentes para comprenderlo.

“Uno veía por ahí en las noticias que en Europa existían personas transexuales, pero eran casos lejanos. Lo más cercano que recuerdo fue cuando vino a Colombia Roberta Close, una modelo brasileña trans. Me parecía fascinante, pero inalcanzable”, recuerda Cristina.

Su adolescencia fue un terreno hostil. La timidez extrema, la sensación de no pertenecer, las dudas. “No era capaz ni de pedir algo en una tienda. Me daba nervios hablar con alguien, y con las mujeres aún más. Siempre me han gustado las mujeres, pero me paralizaba la idea de interactuar con ellas”, cuenta.

La educación y el arte se convirtieron en su refugio. Estudió Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana y pronto encontró en el teatro y el cine un lenguaje que le permitía explorar otros mundos, quizás más libres que el suyo. Con 28 años, consiguió una beca Fulbright y viajó a Estados Unidos para hacer su maestría y luego su doctorado en Teatro y Cine en la Universidad de Kansas.

En Estados Unidos, estuvo cerca de tomar la decisión de hacer la transición. Pero la sociedad, el miedo y las estructuras impuestas pesaban demasiado. “Recuerdo que pensé: ‘Aquí, donde hay más oportunidades, ¿será que me hago el cambio y me quedo?’. Pero no fui capaz. Lo veía muy lejano, muy imposible”.

Volvió a Colombia y se dedicó a la academia. En la Universidad de Medellín, donde lleva 15 años enseñando, encontró un espacio seguro. Sus estudiantes la respetan, sus colegas la han respaldado. Pero la inquietud seguía latiendo dentro de ella.

Los años pasaban, y con ellos llegaban también reflexiones más profundas. Nunca tuvo hijos, aunque le habría gustado. A los 35 años enfrentó una afección renal que la hizo pensar en la fragilidad de la vida. Y cada vez que se miraba al espejo, sentía una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por lo que había logrado; tristeza porque aún no veía reflejada a la mujer que llevaba dentro.

Hasta que un día, el tiempo dejó de ser una excusa. El 16 de enero de 2025, Cristina dejó de ser un sueño postergado y se convirtió en realidad. “Sentí que ya no podía esperar más. Que el tiempo que me quedara en este mundo quería vivirlo como yo era, sin máscaras, sin miedo”.

El cambio no fue fácil. A pesar del apoyo institucional, el proceso personal implicó romper con una vida entera de costumbres, identidades prestadas y renuncias. Pero la felicidad de ser ella misma superó cualquier obstáculo.

“Hoy me siento en paz, aunque el camino no ha terminado. Todavía hay momentos en los que me miro y no me veo como quisiera, pero estoy en el proceso”, dice.

Cristina también enfrenta un desafío que pocos imaginan: a pesar de ser una mujer trans, nunca ha sentido atracción por los hombres. Se identifica como ginecófila, es decir, una mujer a la que le gustan las mujeres. Es una realidad que desafía los estereotipos y que ella ha aprendido a asumir con naturalidad.

En unos años, Cristina sueña con jubilarse y llevar una vida más tranquila. No anhela grandes lujos ni reconocimiento, solo autenticidad.

Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para ser quien realmente eres. De que los años no borran la verdad, solo la posponen. Y de que, en un mundo que aún lucha por entender la diversidad, cada acto de valentía es un paso hacia la libertad.

Cristina Arenas Vélez ya no teme mirarse al espejo. Porque, después de 57 años, por fin, se ve.

Pocos saben lo que se esconde en el taller de Héctor Hugo Pérez: un artista autodidacta con obras extraordinarias. Desde Bello, Antioquia, habla por primera vez de un episodio que marcó su vida: la caída al vacío cuando tenía solo cuatro años. Hoy, sueña con llevar su arte al mundo y abrir una escuela para formar nuevas generaciones.

A los cuatro años, Héctor Hugo Pérez Hernández fue lanzado al vacío. No recuerda el golpe, pero sí el grito de su madre. También recuerda la sangre, la confusión y el hospital. Lo siguiente fue un dolor largo y silencioso: su cuerpo se recuperó, pero sus manos quedaron marcadas para siempre. Las mismas manos que hoy sostienen un pincel.

Héctor es el menor de 23 hermanos y nació en San Juan de Urabá, un pueblo de casas bajas y tierra caliente. Creció en un hogar atravesado por dificultades económicas y disputas familiares. Aquel día, en medio de una riña, su destino cambió. Su padre discutía con un primo cuando, de un momento a otro, Héctor terminó en el suelo, herido “desde ahí empecé a sufrir de asma y a perder movilidad en mi mano. Estuve hospitalizado por mucho tiempo”, dice.

Su madre, joven y sin muchas respuestas, se aferró a la fe y a la esperanza de que su hijo saldría adelante. Pero nadie le explicó cómo se curan las heridas invisibles.

La infancia de Héctor estuvo marcada por el rechazo. En un pueblo donde todos se conocen, era el niño diferente “el bullying estaba todo el tiempo presente. Yo no quería salir de mi casa, no tenía amigos. Mi mamá me obligaba a ir al colegio con yesos y vendas en la cara. La gente se burlaba”, recuerda.

Creció con tristeza y la sensación de ser ajeno al mundo. Pero un día encontró refugio en algo que nadie podía arrebatarle: el arte. Todo empezó con un trozo de carbón. Héctor descubrió que, al dibujar, algo dentro de él se calmaba. Primero fueron figuras en el suelo, luego en las paredes, después en papel. Dibujaba lo que sentía, lo que soñaba, lo que no podía decir en voz alta. En el colegio, sus profesores notaron su talento.

“Me pedían que decorara las carteleras y las paredes. Mis compañeros me pagaban para que les hiciera los trabajos de artística. Al final, yo sacaba malas notas porque dejaba el mío para lo último”, cuenta entre risas

Cuando terminó la secundaria en Angostura, supo que quería estudiar artes plásticas. Pero en su pueblo no había opciones. La única carrera disponible era licenciatura en lengua castellana, así que la tomó “no me arrepiento. Me permitió unir mis dos pasiones: el arte y la enseñanza”, dice. A lo largo de los años, ha trabajado como profesor y ha guiado a otros en el camino del arte. Pero su verdadera conexión con la pintura nunca se rompió.

Hoy, a sus 37 años, Héctor vive en Bello, Antioquia. Su taller, ubicado en su propia casa, es su templo. Allí, entre pinceles, lienzos y óleos, se encuentra consigo mismo “cuando estoy en mi taller, no necesito nada más. Mis manos y mi imaginación son suficientes”, dice. Su técnica es autodidacta. Ha experimentado con acuarela, óleo, acrílico y lápiz. Ha esculpido en plastilina, arcilla y barro. Ha retratado paisajes, cuerpos y hasta emociones.

En su casa solo conserva una de sus pinturas: un desnudo “para mí es una de mis mejores adquisiciones. Se lo hice a una amiga, pero por diversas circunstancias ella no se lo ha llevado”, confiesa. Sus obras no son solo cuadros, son partes de él “cuando pinto y entrego una obra, es como si diera en adopción a un hijo. Me queda un vacío, pero también la satisfacción de que alguien más lo va a valorar”, explica.

Héctor ha pintado mucho, pero siente que aún le falta. Quiere seguir aprendiendo y perfeccionando su técnica. También quiere explorar más la escultura. Su mayor sueño es abrir una escuela de arte, un espacio donde pueda enseñar lo que ha aprendido a quienes, como él, buscan en el arte una forma de sobrevivir. También es un enamorado de la poesía.

“Si no fuera por el arte, no estaría vivo”, dice. Y no es una metáfora. Es una verdad que ha pintado con sus propias manos.

Tras varios años en el limbo por una obra inconclusa, los adultos mayores fueron reubicados en un nuevo hogar con mejores condiciones.

La administración municipal de Copacabana tomó una decisión clave para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad.

Ante la imposibilidad de reactivar la construcción del Centro de Protección Social del Adulto Mayor en el barrio La Azulita —una obra inconclusa desde 2016 que se convirtió en un “elefante blanco” por problemas jurídicos—, el municipio optó por una alternativa que garantiza condiciones dignas para esta población.

En total, 34 adultos mayores fueron trasladados a un nuevo hogar en Barbosa, un municipio cercano, donde recibirán atención en un espacio con las condiciones locativas adecuadas.

El lugar operará en convenio con la Fundación Huellas del Ayer y cuenta con gimnasio, piscina, amplias zonas verdes y habitaciones con baño privado. Además, los residentes podrán acceder a actividades como agricultura, yoga, hidroaeróbicos y estimulación motriz y cognitiva.

El alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo, dijo que: “la compleja
situación jurídica impidió el avance de la obra que sería el nuevo Centro del Adulto
Mayor. En este proyecto, que fue un convenio entre el Departamento de Prosperidad
Social (DPS) y el municipio, no se puede hacer intervención alguna, debido a que el
lugar en sí, es el material probatorio del proceso en curso. Así las cosas,
conscientes del hacinamiento y las dificultades que enfrentan nuestros adultos
mayores en el actual CPSAM del barrio La Pedrera, no nos quedamos de brazos
cruzados y decidimos buscar una alternativa que garantizara su bienestar y
comodidad”.

Según la administración municipal, esta reubicación no implicó un aumento en la inversión del programa, lo que permite optimizar el uso de los recursos públicos sin afectar la calidad del servicio.

Con esta medida, Copacabana reafirma su compromiso con la protección de los adultos mayores y busca garantizarles una vejez digna, a pesar de los obstáculos administrativos y legales.

El exalcalde de Briceño, Wilmar Moreno, revela una investigación sobre los supuestos corredores de movilidad ilegal del Clan del Golfo en el norte de Antioquia. Su informe expone rutas, puntos estratégicos y zonas de abastecimiento utilizadas por el grupo armado. Durante su administración y después de dejar el cargo, el exmandatario ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia. Confirma que, a pesar de haber interpuesto al menos cuatro denuncias, la UNP no le ha otorgado un esquema de protección.

Wilmar Moreno, exalcalde de Briceño (Antioquia) durante el período 2020-2023, ha presentado una investigación sobre la dinámica del orden público en la región, basada en su experiencia como líder social, funcionario público y alcalde. Ahora, desde su papel como ciudadano y defensor de los derechos humanos, Moreno ha denunciado la consolidación de un corredor de movilidad ilegal por parte del grupo armado Clan del Golfo, que opera en la zona y facilita el desplazamiento de sus estructuras criminales.

Según el exmandatario, la investigación se fundamenta en más de diez años de experiencia en liderazgo social, defensa de la vida y los derechos humanos, así como en el ejercicio de funciones públicas y políticas a nivel local y regional.

A lo largo de este tiempo, Moreno ha sido testigo directo del recrudecimiento del conflicto en su municipio y en las regiones vecinas, enfrentando sus consecuencias de manera directa. Ha realizado numerosas denuncias en coordinación con organismos defensores de derechos humanos, lo que ha derivado en amenazas y desplazamientos forzados tanto para él como para su familia en represalia por estas acciones.

Desde su rol como alcalde en el periodo 2020-2023, enfrentó estas problemáticas desde la institucionalidad. Su cercanía y articulación con líderes sociales y políticos del norte de Antioquia y el Bajo Cauca le han permitido conocer de primera mano testimonios sobre la alteración del orden público, el control territorial, la extorsión, los corredores estratégicos y los homicidios sistemáticos en distintos municipios.

Este informe se basa en su experiencia territorial en Briceño, así como en su trayectoria en lo social, político y en la defensa de los derechos humanos. Además, se sustenta en un análisis detallado de noticias y reportes periodísticos, así como en informes institucionales, lo que ha permitido estructurar un análisis sobre la consolidación del poder territorial de este grupo armado en la última década, con énfasis en los últimos tres años.

El corredor ilegal identificado inicia en el municipio de San Andrés y atraviesa diversos sectores rurales a través de carreteras terciarias, caminos de herradura y trochas en la cordillera. Su recorrido abarca puntos estratégicos como el sector La Chorrera, una zona boscosa que conecta con Los Teleféricos, también en San Andrés. Desde allí, enlaza con la carretera rural La Loma, que a su vez permite acceso hacia Ituango o Medellín. Posteriormente, asciende a la parte alta de La Loma y continúa hasta los sectores El Roblal y Berlín Viejo, en los límites entre Briceño y Yarumal.

Desde Berlín Viejo, el corredor se divide en dos rutas: una hacia El Baño y La Quiebra, territorios en los límites entre Briceño y Yarumal con mayor presencia en Briceño, y otra hacia la vereda El Pescado y el corregimiento de Pueblo Nuevo, aprovechando caminos rurales para la movilidad de la estructura armada.

El sector La Quiebra, además de ser un punto de tránsito clave, cumple una función logística al recibir abastecimiento desde Yarumal mediante dos vías principales: Mina Vieja y La Candelaria-San Roque. Estas rutas convergen a unos cinco kilómetros del sector La Gabriela, facilitando la llegada de suministros esenciales para la operación del grupo armado.

En términos de posicionamiento estratégico, el informe señala que los miembros del Clan del Golfo utilizan el sector entre Berlín Viejo y El Roblal como punto de descanso tras incursiones en las veredas de Briceño. Asimismo, destaca que La Quiebra es un punto clave para el control militar, donde en 2015 se instaló un puesto de control durante aproximadamente dos años. Aún permanecen allí trincheras que podrían ser reactivadas en caso de una estrategia de contención. Otro sector de importancia para el despliegue militar es La Rivera, sobre la vía que conecta Yarumal con Ochalí.

En la zona de la Loma de Ochalí, los grupos armados reciben suministros logísticos desde Valle Toledo y San Andrés de Cuerquia. La distribución de estos insumos se realiza a través de una vía destapada y mediante un transbordo en la garrucha sobre el río San Andrés, lo que permite mantener la operatividad de la estructura ilegal.

El informe también advierte sobre la presencia de este grupo armado en el Cañón de Socavones, en jurisdicción de Briceño. Se ha documentado su ocupación hasta las primeras viviendas del sector La Alborada y en el camino hacia Cristalina (Cedral, Briceño). Dentro de este cañón, las veredas más afectadas son El Cedral, La Correa, La Meseta, La Palomita y Moravia, en el sector El Tesoro.

Wilmar Moreno concluye que este corredor de movilidad no solo permite el tránsito del Clan del Golfo, sino que también facilita sus operaciones ofensivas y su capacidad de repliegue hacia zonas de control consolidado. Su denuncia busca visibilizar la situación para que se adopten medidas efectivas en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Radiografía, presentada por el exmandatario:

El Norte y el Bajo Cauca de Antioquia han sido escenario de una creciente disputa territorial entre grupos armados ilegales, donde el Clan del Golfo se ha consolidado como el actor con mayor poder militar. Su estrategia se basa en el control de corredores estratégicos, la explotación ilegal de minería y la extorsión a proyectos económicos de alto impacto, como la hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) y las minas de oro en Briceño y Buriticá.

Briceño representa un objetivo clave para este grupo criminal, siendo el único municipio del norte lejano de Antioquia donde aún no han logrado consolidar su dominio. Desde 2019, han intentado avanzar en este territorio mediante incursiones armadas, pero su expansión ha sido contenida por la comunidad y la Fuerza Pública. En los últimos años, sin embargo, han fortalecido su presencia en municipios cercanos como San Andrés de Cuerquia y Toledo, estableciendo corredores estratégicos para facilitar su ingreso a Briceño.

Desde 2019, el Clan del Golfo ha intentado tomar control de Briceño con el propósito de consolidar su dominio en el norte de Antioquia y conectar su influencia con el Bajo Cauca y el Occidente del departamento. Su interés en este municipio responde a varios factores, entre ellos su ubicación estratégica, que lo convierte en un punto clave para la logística y el control militar en la región. También influyen la presencia de minas de oro en Berlín Viejo, que en el pasado fueron explotadas por empresas inglesas y que hoy despiertan el interés de multinacionales como Zijin Mining Group. Además, la cercanía con Hidroituango, la central hidroeléctrica más grande de Colombia, representa una oportunidad de financiación ilegal a través de la extorsión. Finalmente, el control de Briceño facilitaría la conexión de rutas para el narcotráfico y la minería ilegal entre el Norte, el Bajo Cauca y el Occidente antioqueño.

El Clan del Golfo ha buscado el control de Briceño mediante incursiones violentas, confinamiento de comunidades y enfrentamientos con otros grupos ilegales. En noviembre y diciembre de 2023, el corregimiento de Las Auras vivió tres días de confinamiento debido a la presencia de hombres armados del Clan del Golfo. En este periodo, el grupo asesinó a un campesino y secuestró a tres personas, lo que generó desplazamientos y la suspensión de actividades comunitarias y escolares. Ante la crisis, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, visitó Briceño junto a la cúpula militar y policial y ordenó operaciones para contener el avance del grupo ilegal.

El 10 de septiembre de 2024, un grupo armado ingresó a la vereda El Pescado, desplazando a la comunidad y enfrentándose con disidencias de las FARC. Debido a los combates, se suspendieron las clases y varias profesoras de las veredas El Pescado, La América y La Molina tuvieron que desplazarse. La escuela de El Pescado recibió impactos de bala, lo que motivó una posterior visita de la Personería Municipal.

En enero de 2025, el Clan del Golfo ingresó al casco urbano del corregimiento de Pueblo Nuevo en plena tarde, alrededor de las 2:00 p.m., generando enfrentamientos. Durante la incursión, secuestraron a dos mujeres: una joven de 20 años y una madre de 38. Al día siguiente, ambas fueron asesinadas en el corregimiento de La Loma de Ochalí. Como consecuencia, se produjo un desplazamiento masivo hacia el casco urbano de Briceño, quedando registrado en los censos locales.

El Clan del Golfo ha diseñado un corredor de movilidad para ingresar a Briceño, utilizando rutas estratégicas que pasan por San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Toledo. Su recorrido inicia en San Andrés de Cuerquia, atraviesa el sector La Chorrera, llega al sector Los Teleféricos y se conecta con la carretera rural La Loma, que permite acceso a Ituango o Medellín. Desde allí, asciende a La Loma y avanza hacia Berlín Viejo, en el límite entre Briceño y Yarumal. En este punto, el corredor se divide en dos rutas: una hacia El Baño y La Quiebra, dentro de la jurisdicción de Briceño, y otra hacia El Pescado y el corregimiento de Pueblo Nuevo, utilizando caminos rurales.

El grupo armado ha establecido puntos estratégicos y de abastecimiento a lo largo de este corredor. Una ruta de abastecimiento logístico de estos grupo es desde Yarumal en camioneta,  por la vía que viene desde Yarumal (entrada la candelaria), desde vía a la Costa, cruzando hacia Ochalí , llegan hasta el sector la Quiebra, sobre misma vía hacia Ochalí.

Y la otra ruta de abastecimiento en carro es desde san Andrés hasta el corregimiento del Valle de Toledo. Desde allí, llegan al río San Andrés , hacen transbordo por la garrucha para seguir por la vía que conduce desde este río hacia la loma de Ochalí , en un corregimiento donde el Clan del Golfo tiene zonas semi campamentarias

Este corredor facilita las incursiones armadas, el tráfico de drogas y la extorsión a la minería y a Hidroituango, que también tiene presencia en la vereda La Calera de Briceño.

Para contener el avance del Clan del Golfo, es fundamental fortalecer la presencia militar en puntos estratégicos. Se requiere la instalación de puestos de control permanentes en La Quiebra, en los límites entre Yarumal y Briceño, vía Ochalí; en Berlín Viejo, vereda Buena Vista de Briceño; en La Rivera, Yarumal, vía Ochalí; y en la cordillera de Briceño, entre la vereda El Pescado y el corregimiento de Pueblo Nuevo. Estas medidas permitirían frenar la movilidad del grupo armado y evitar que la comunidad quede atrapada en la disputa entre organizaciones ilegales.

Además, es urgente fortalecer la presencia estatal en Briceño con estrategias de seguridad y desarrollo social que impidan que el Clan del Golfo siga ganando apoyo en la población.

El Norte y el Bajo Cauca de Antioquia continúan siendo territorios en disputa entre grupos ilegales. Sin embargo, con estrategias adecuadas y una presencia estatal más efectiva, es posible frenar la expansión del Clan del Golfo y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.