Diferentes concepciones sobre el uso del espacio público están en pugna
En la Plaza Botero se cocina una disputa de baja intensidad. Ese lugar en el centro, donde están las 23 esculturas de Fernando Botero, está bajo el escrutinio público desde hace tiempo: la explotación sexual, los robos, el cercado, el desmantelamiento del cercado. Pero, por debajo, hay una disputa que se viene cocinando y que había pasado desapercibida.
El 23 de noviembre de 2023 se anunció que una “callecita de Provenza” se había inaugurado en Plaza Botero. Para esa fecha se abrieron sucursales de varios restaurantes, todos venidos de Provenza. La noticia se tomó con agrado y se celebró en medio de las malas noticias que usualmente genera este lugar del centro.
Desde entonces es posible ver mesas con manteles en el espacio público y una oferta gastronómica que antes no existía. Los nuevos restaurantes llegaron a compartir el lugar con las mujeres que ejercen la prostitución y que caminan de un lado a otro de la Veracruz; con los venteros sin permiso de Espacio Público que deambulan por allí. Más allá de eso, del contraste muy colombiano, nada más pasó.
Hasta el pasado 24 de febrero, cuando El Colombiano publicó un artículo titulado “¿Van a convertir la Plaza Botero en un nuevo Provenza?”. De inmediato, las críticas cayeron en redes sociales y los usuarios se empezaron a preguntar sobre la recuperación del centro.
Jenny Giraldo, en X, dijo al respecto: “De esto se trata el proyecto de “recuperar el centro de Medellín”. Encarecerlo, gentrificarlo, expulsar a quienes siempre nos la hemos jugado por él a pesar de estar en grave estado de salud, a los que no necesitamos que se “recupere” para habitarlo”.
Dio en el blanco. Justo después de la publicación de El Colombiano, varios venteros de la plaza, que llevan muchos años, se comunicaron con un periodista de Exclusivo Colombia para expresar su inconformismo. Uno de ellos es Alberto Ávila, presidente de Asobotero, una asociación que reúne a artesanos, venteros informales y fotógrafos que se ganan la vida en la plaza.
El artículo del diario antioqueño citaba a Juanita Cobollo, presidenta de la corporación Provenza y dueña de una de los restaurantes que llegaron a Botero en noviembre del año pasado. La líder dijo, en términos generales, que la idea era ocupar el espacio público pagando una cuota por ello a la Alcaldía. Además del restaurante de Cobollo, se anunció la apertura de una sede de El Social, un bar en auge que impusó un concepto que se ha ido expandiendo por el valle de Aburrá.
El meollo del asunto es que los comerciantes viejos como Alberto y muchos otros tienen una visión diferente. Exclusivo Colombia habló con Daniel Silva, dueño de un restaurante en Botero y quien lleva siete años habitando la plaza. El comerciante dijo que no quieren replicar el modelo de Provenza que, a su modo de ver, tiene muchos problemas: “No queremos que esto acá se convierta en un lugar de rumba ni de aglomeraciones de personas. Nosotros llevamos más tiempo acá y hemos pensado el lugar de una manera diferente”.
Los alrededores de la Plaza Botero están atiborrados.
Y es que Silva ya tuvo un encontró con Cobollo, lo que demuestra que entre los nuevos y los viejos comerciantes hay diferencias. “Yo soy la persona que ella mencionó en la nota, a la que dijo que le mandó a entrar las mesas con los funcionarios de Espacio Público”, precisó.
Silva y otros comerciantes más antiguos están formando una asociación nueva para impedir que la llamada gentrificación los saque del lugar que han habitado desde hace años. La pregunta que hay que hacerse es quién planea cómo hacer uso del espacio público y, principalmente, qué papel cumple la administración pública.
Es claro que hay una puja, dos visiones de lo que debe ser Botero. La ciudad no está del todo al tanto de lo que por debajo se está moviendo en este espacio icónico.
¿Y los venteros?
Otro tema que preocupa es la caracterización de los venteros que ocupan Botero. La actual administración llegó con la promesa de organizar el espacio público. Hasta ahora, sin embargo, los resultados han sido escasos.
Ávila, el líder de los venteros, dijo que hay un desorden que no está permitiendo que los turistas hoy disfruten a plenitud del lugar. Con la promesa de la resolución que les dé permiso para vender, muchos se la pasan de un lado a otro, casi que implorando, con sus productos a cuesta. Si se quedan en un sitio, los funcionarios los hacen mover para otro y eso entorpece todo.
De manera que la disputa no es solo por el comercio, sino también por quién puede estar en la plaza. ¿Qué papel tomará la Alcaldía?
Exclusivo Colombia habló con Rosalba Franco, una antioqueña que pagó más de 8 años de condena por un delito, que asegura, no cometió. Hoy, en libertad condicional, la mujer reveló que uno de sus hijos se intentó suicidar 3 veces, denunció que fue amenazada de muerte y exigió justicia.
“Fue un día muy duro, muy duro, de mucho llanto y de mucho dolor “. Así comenzó la entrevista con Rosalba Franco, una mujer oriunda de un humilde barrio del municipio de Envigado. Con su voz pausada, recordó como le cambió su vida el 27 de noviembre del año 2014, día que fue detenida “me capturaron por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzoso, contratación de menores y estupefacientes”.
Fue un momento de oscuridad para ella y su familia, dice. Agentes de la Sijín llegaron hasta su casa y la capturaron por presuntamente ser la jefe de una temida banda delincuencial del Tablazo, en el municipio de Itagüí. Algunos la llamaban por su nombre, otros por alias la mona, un calificativo criminal que, en medio de la angustia, la hizo pensar que se trataba de un error.
Pero ese supuesto “error”, agrega, le arrebató su libertad, parte de su matrimonio y la compañía en la adolescencia de sus dos hijos que hoy tienen 24 y 35 años.
Rosalba fue condenada y recluida en la cárcel El Pedregal de Medellín, donde purgó una condena de 8 años, dos meses y 7 días, un tiempo que nombra con exactitud y que para ella fue un infierno “la cárcel fue una humillación, todo fue duro como la alimentación, es perder la dignidad, sentirte vigilado las 24 horas del día, es una experiencia muy dura, muy amarga”.
¿Cómo nació el movimiento -Liberen a Rosalba-?
Rosalba trabajaba en la papelería de la Institución Educativa El Salado, en el municipio de Envigado. Su caso generó tanto impacto que su familia, amigos, vecinos, profesores e incluso directivos de la institución apoyaron un movimiento llamado “Lberen a Rosalba”. Inicialmente fue creado un portal web con el mismo nombre en Facebook para publicar pruebas de su inocencia, registros de prensa, saludos de ánimo, velatones, plantones, mensajes para exigir su libertad e incluso fue producido un cortometraje que cuenta su historia. Hoy el sitio web tiene cerca de 3 mil 500 seguidores.
El movimiento el respaldo, a través de links y código QR, con los hashtags #LiberenARosalba #NoMásPresosPorError
¿Cómo intentó defenderse?
Rosalba asegura que es inocente, que jamás estuvo vinculada a un grupo delincuencial e insiste que mucho menos era alias la mona o cometió los delitos por lo que fue condenada. Cuenta que durante la investigación hubo pruebas “falsas” en su contra, una de ellas fue el presunto vínculo sentimental con otro hombre que fue recluido también en una cárcel, quien luego desmintió tal señalamiento.
La mujer ha cuestionado en varios medios de comunicación a altos funcionarios de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en su caso en el que llevó como testigos a profesores y directivos del colegio en el que trabajo, vecinos, amigos y familiares. Dice que la principal prueba fue su palabra, la versión de los más cercanos y la página web a la que se unieron miles de personas que la respaldaron “allí pueden ver todos los testimonios de quien es Rosalba. Se demostró contratos con el municipio, que soy casada, testimonios del alcalde, de los concejales, de los líderes del barrio, de mucha gente y no hubo Dios posible que hicieran caso a estas pruebas”. Agregó que “uno de los muchachos que perteneció a esa banda conoció mi caso y dijo que estaba dispuesto a ser testigo y demostrar que yo no soy esa mujer”.
Pero los esfuerzos que Rosalba hizo para demostrar que no merecía estar entre las rejas fueron en vano. Estuvo en la cárcel 8 años, 2 meses y 7 días. Para la justicia, fue una peligrosa delincuente, pero ella insiste que es una mujer que se ha ganado la vida trabajando y calificó su historia como un “falso positivo”.
Una condena que, según ella, la alejó de su familia “mi hijo mayor intentó suicidarse tres veces, él decía que por qué lo salvaban, que no quería vivir porque su madre era una mujer trabajadora, honesta y buena, que los había levantado con buenas bases; mi hijo menor tuvo que parar sus estudios y se fue para otro país; mi esposo se enfermó y mi mamá quedó muy deteriorada”.
Rosalba quedó la libertad condicional el 21 de enero de 2023. Afuera de la cárcel fue recibida por los suyos y aunque ya está en su casa, todavía sigue prisionera de señalamientos y reveló que fue amenazada “tengo mucho miedo que me puedan hacer algo porque en la cárcel fui amenazada, alguien me dijo que cuando yo saliera me estaban esperando para matarme”. Y agregó que muchas puertas fueron cerradas “si voy a expedir un crédito o abrir una cuenta no lo puedo hacer porque tengo una restricción”.
La mujer le hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación para que revisen de nuevo su caso y le devuelvan su honra, la que dice, perdió por más de 8 años. Al concluir, pidió justicia, reparación y, sobre todo, garantías de seguridad y empleo para recuperar el tiempo perdido junto a sus hijos y el resto de su familia.
Un periodista de Exclusivo Colombia estuvo en el pueblo y constató que se tema nueva crisis
—Ajá, diles que es una ruta segura. Que los llevamos hasta el otro lado.
Quien habla es un hombre joven que está sentado en una cafetería de Necoclí. Es de noche y hace calor. Aunque el lugar es concurrido, no hace ningún esfuerzo para bajar la voz.
—Ajá, diles que son 150 dólares por persona.
El hombre lleva una riñonera terciada y se toma una cerveza. Todos alrededor saben de qué habla, pero nadie parece prestarle atención.
—Nojoda, diles que la ruta es segura y garantizada.
En Necoclí, casi todo gira en torno a tres cosas: los bares que, con picós, suenan vallenato día y noche; los miles de migrantes que cada año pasan por sus playas; y el turismo, que muchas veces se ha visto afectado por la presión poblacional que en los últimos años se ha cernido sobre el municipio.
Alejandro Jaramillo, dueño del hotel Casa de Pioneros, comentó que él estuvo en el proceso de construcción del acueducto de Necoclí, hace unos 40 años, cuando el pueblo era corregimiento de Turbo. El acueducto se construyó para seis mil personas, la población de ese entonces. Hoy, con la presión del turismo y las olas migratorias, pueden ser unas 40.000 las personas que hacen uso del viejo acueducto. Por eso el agua es tan escasa en el pueblo.
Pero la historia de Necoclí tiene dos caras. De la premura y la miseria de los migrantes se han lucrado miles de personas, y no solo los coyotes que los ayudan a cruzar el Darién. Caminar por Necoclí es ver las tiendas de baratillos ofreciendo productos que en otro lugar parecerían extraños: carpas, ollas, pequeñas pipetas de gas, botellones de agua, botas pantaneras.
En un letrero, por ejemplo, se lee que la carimañola tiene un precio de 5.000 pesos colombianos o un dólar. Es frecuente que los migrantes lleguen a pagar con dólares en supermercados de cadena como D1 y Ara, donde solo se reciben pesos colombianos. En los bares y hospedajes, en cambio, puede haber un poco más de flexibilidad.
Hay toda una economía que se mueve con los migrantes. Un periodista de Exclusivo Colombia recorrió el municipio este 24 y 25 de febrero para ver cómo está la situación en cuanto a la migración y para averiguar por algunos rumores que han aparecido en los medios de comunicación en la última semana.
Lo primero que hay que decir es que en el pueblo hay buena cantidad de migrantes, pero no como en otros momentos. “Siempre hay, especialmente en la playa. Ellos se la pasan por ahí caminando. A nosotros los mototaxistas no nos necesitan, pero sí compran cosas, se quedan en hoteles y consumen mientras esperan que salga la lancha que los lleva a Acandí”, comentó un mototaxista.
Y es que en lo que va de este 2024 ya son 70.000 las personas que han cruzado el Darién en su empeño de llegar a Estados Unidos. La cifra la entregó Juan Manuel Pino, ministro de seguridad de Panamá. El número es alarmante, pues para la misma fecha del año pasado el registro iba en 24.000 personas.
Las tiendas de Necoclí venden toda clase de productos para los migrantes que van a cruzar el Darién.
Por eso, caminando por Necoclí es posible ver grupos de venezolanos que buscan un sitio para dormir. La playa donde está el muelle está atiborrada de carpas donde duermen algunas de las personas que esperan cruzar el golfo. Muchos van con niños, a los que cargan en los hombros y arrastran.
El mototaxista dice que “hay personas de todas las razas”. Necoclí es una pequeña Babel llena de penas, de incertidumbres, de dolores e injusticias. Los coyotes, como el que hablaba al comienzo de este artículo, se dedican a pasar a los migrantes de un lado al otro del golfo, a la frontera con Panamá, donde les esperan 106 kilómetros de una selva apretada y exuberante.
No es fácil hablar con los migrantes, no solo por la barrera idiomática, sino por la presencia oculta y oscura de los coyotes que quieren mantener se negocio seguro.
¿Participan los menores de edad?
Hace unos días, Teleantioquia Noticias reveló en un reportaje que los grupos que mueven migrantes estarían utilizando a menores de edad. Según ese medio de comunicación, los muchachos de 13 0 14 años preferían trabajar con los coyotes en vez de estudiar.
Desde la aparición de la noticia se generó una polémica. La Alcaldía de Necoclí informó, a través de un comunicado, negó tener información de este fenómeno. “Hasta la fecha, no hemos identificado casos puntuales en los que los niños de Necoclí saquen provecho de esta situación”, reza el comunicado.
Necoclí pasó de ser un pueblo turístico, pero tranquilo, a uno muy concurrido. Así se ven sus calles.
En el pueblo, como casi todo lo relativo a los migrantes, se maneja con mucha cautela. La gente dice no tener información de que esto esté pasando. En realidad, nadie quiere dar la cara o poner los dedos en las llagas. Según un artículo de El Colombiano publicado en las últimas horas, en efecto los muchachos se prestan para hacer tareas menores, como conseguir habitaciones a los migrantes en Necoclí, pero no hacen el peligroso cruce hacia el Darién.
Sea como fuere, la situación en Necoclí es compleja. En las últimas horas, el Consejo Extraordinario de la Mesa Migratoria decidió suspender la venta de tiquetes para cruzar el golfo. El motivo es la captura de dos capitanes de estas embarcaciones, lo que se traduce que, para ellos, no hay garantías para seguir con la labor.
Si la para dura varios días, será posible ver a Necoclí otra vez represada de migrantes de todos los orígenes.
Se agotaron los adjetivos para describir los casos de asesinatos y ataques a las mujeres en Antioquia en 2024. Aberrantes, macabros, inhumanos, reprochables o desgarradores, son palabras que se quedan cortas ante situaciones, como la más reciente, descubierta en el municipio de El Retiro, donde una mujer fue hallada violada y golpeada en zona rural de la vereda Pantanillo. Cabe decir, que, para las autoridades, no obstante, ella hace parte de una cifra diferente a la de las 13 mujeres asesinadas y un caso más en estudio, entre enero y febrero, en condiciones tan lamentables como la antes descrita. ¿Qué pasa?
La mujer, a la que se le ha protegido su identidad, se salvó de una segura muerte, solo por un milagro. Según relató el Secretario de Gobierno de El Retiro, Felipe Puerta, la víctima fue hallada por un campesino de la zona, que al revisar en un bosque de pinos, descubrió a la víctima, brutalmente golpeada. Tenía lesiones que la dejaron inconsciente, a tal punto, que la Personería de la población, apenas a unos cuantos kilómetros de Medellín, tuvo que adelantar una búsqueda de la familia para poderla identificar.
“Cuando la recogieron, pensábamos que estaba muerta. Se la llevaron muy mal, con su ropa desgarrada”, narró un habitante de la zona. El primer dictamen médico no solo evidenció que había sido agredida con arma cortopunzante y golpes, sino que había sido presuntamente violada. El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó ayer mismo, que por este hecho ya hay una captura. ¿Qué pudo desatar semejante agresión?
Un investigador de la Policía consultado por Exclusivo Colombia, dijo que, en este caso particular, ya estaba muy adelantada la identificación del agresor y la captura es cuestión de tiempo. Sin embargo, si no hubiese sobrevivido, es muy posible que aún estuviera reportada como desaparecida.
“En estos casos los investigadores perfilan los posibles agresores partiendo de la información que nos da la escena del crimen, de los primeros respondientes que llegan a la escena. Lo más evidente, no lo es tanto, hasta que tenemos datos contundentes, pero, en la mayoría de los casos de feminicidio, hay casi siempre una pareja, una ex pareja, alguien conocido”, afirma el investigador, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
Esta premisa no siempre se cumple. El pasado 22 de enero, en una quebrada de San Cristóbal, muy cerca al Monasterio de Santa Teresita, una monja de claustro fue hallada amarrada con cadenas, golpeada y abusada sexualmente. Su ropa fue encontrada en el camino al afluente, le hurtaron las tarjetas débito, la torturaron. A pesar de los anuncios de la Policía Metropolitana, hasta hoy no ha sido posible la captura del agresor.
Crímenes de inusual violencia
“Más que el aumento nos preocupa la forma violenta y atroz como se están dando estos hechos contra las mujeres por eso hemos decidido articular una reunión de manera inmediata a lo que está sucediendo en nuestro Distrito. Hacemos un llamado también a las demás entidades corresponsables para la investigación y sanción oportuna para ponerle fin a esta ola de feminicidios”, afirmó Laura Morales, Líder del Observatorio de Mujeres de la Personería de Medellín.
Las autoridades no han dudado en aumentar la alerta por los recientes casos, en particular de asesinato de mujeres. No obstante, las cifras de estos crímenes no han aumentado de manera estrepitosa, si ha aumentado el nivel de violencia, sevicia y salvajismo de los victimarios.
En Medellín a la fecha, se han registrado 5 casos de asesinato de mujeres, que es la misma cifra del año anterior, en el Valle de Aburrá completo son 6. En Antioquia son al menos 13 y un caso en estudio, lo que equivale a dos asesinatos menos que en el mismo periodo de 2023. No obstante, en unas cuantas semanas, los ojos de las principales organizaciones protectoras de los derechos de las mujeres, se han posado en los casos particulares, donde se han evidenciado brutales modalidades que implican una inusual violencia contra las víctimas.
Isabella Mesa Sánchez, de 19 años. Asesinada en 2024, al parecer, a manos de su pareja sentimental. Foto: cortesía
De todos los casos del Valle de Aburrá, cuatro están clasificados por las autoridades como feminicidio, crimen que implica la violencia de género, en resumidas cuentas, las han asesinado por ser mujeres.
El caso más sonado, hasta el momento, es el de la brutal muerte de Isabella Mesa Sánchez, de 19 años. Una bella joven residente en México y cuyo cuerpo fue hallado en una maleta de viaje el pasado 28 de enero en su casa del Barrio Doce de Octubre, adonde había llegado de visita para encontrarse con su pareja, un soldado identificado como Sebastián Villegas Córdoba.
El hombre fue capturado, según la Fiscalía, después de que su propia madre alertara a los uniformados del Ejército Nacional sobre la posible responsabilidad de su hijo en el crimen.
No obstante, haberse entregado y pasar el proceso judicial inicial, trató de escaparse de una estación de Policía de Bello, donde permanecía detenido, pero fue recapturado y enviado a la cárcel tras una reveladora audiencia ante el juez.
Exclusivo Colombia obtuvo imágenes inéditas de la recaptura y además la grabación de la audiencia de Imputación de cargos en contra de este hombre, en la que el Fiscal acusador revela detalles escabrosos, del crimen.
Aquí el audio completo:
“Usted, señor Sebastián Villegas Córdoba, le causó la muerte a una mujer, a la dama Isabel Mesa Sánchez, con quien mantuvo una relación de amigos desde que ésta tenía 13 años de edad y con quien continuó manteniéndola al punto de construir una relación de pareja y con quien alcanzó a convivir varios días. Usted, señor Sebastián Villegas Córdoba, con su actuar violento apuñaló en 24 oportunidades la integridad física de la dama Isabel Mesa Sánchez y sin que mediara justa causa para ello y sin que hasta el momento se haya establecido alguna causa que exima su responsabilidad. Usted, señor Sebastián Villegas Córdoba, le dio en ocho oportunidades con arma blanca la región cervical de la dama Isabel Mesa Sánchez, las cuales causaron heridas musculares. Y dio en siete oportunidades con arma blanca la región mamaria izquierda”
La violencia feminicida da alertas
Los continuos mensajes del ciudadano canadiense Jessie Wiseman, en los que se notaba una conducta violenta y machista, no fueron suficientes para alertar de lo que podía pasar a Laura Isabel Lopera, una joven de 20 años, madre de una niña de 3 y que, similar a lo sucedido con Isabel Mesa, fue hallada en el interior de una maleta de viaje, en una casa de Villa Hermosa el pasado 10 de febrero.
Ella fue llevada en un taxi para encontrarse en ese sitio con el extranjero, con el que sostenía una relación a distancia. Sin embargo, no se supo nada de ella desde el 31 de enero, fue declarada como desaparecida, hasta que su familia, después de una intensa búsqueda, halló su cuerpo en una de las habitaciones de la residencia, que había arrendado Wiseman hasta el mes de marzo.
El tiempo que demoró la búsqueda le dio la oportunidad al presunto asesino de huir. Según explicó la Directora de la Fiscalía Seccional de Medellín, Yiris Amado, el hombre salió del país, al parecer a Guatemala, pero desde allí se desplazó a Europa, donde ya tiene una orden de captura con circular roja de la Interpol.
Jesie Wiseman, buscado por el crimen con circular roja de Interpol. Laura Isabel Lopera, asesinada en Medellín. Fotos: Cortesía
Dos casos con algunas características similares y con una sevicia que estremece.
En la misma comuna, pero el 16 de febrero pasado, la escena fue dantesca. Deisy Yaneth Vargas, de 43 años fue atacada a cuchillo por su ex pareja, un hombre identificado como Jair Larrea. El ataque fue cometido frente a la hija de la víctima, una niña de 7 años, que fue quien alertó del incidente. El hombre intentó suicidarse, pero no lo logró y fue enviado a la cárcel el 20 de febrero.
La Fiscalía, en este caso también, dio cuenta de las alertas que se hacen evidentes con el tiempo y que delatan a un feminicida potencial.
“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, el ataque se habría producido en un ataque de celos por parte del procesado. Se evidenció, además, que la pareja se había separado hacía dos años, pero que con frecuencia el investigado le hacía reclamos a su expareja por celos”, dice el comunicado del ente acusador.
La primera víctima de 2024, se remonta a la misma madrugada del 1 de enero, en una vivienda del Barrio Popular, donde una mujer, venezolana de 29 años, fue víctima, presuntamente, de su pareja sentimental, un hombre con el que estuvo celebrando el año nuevo y que después la atacó a puñaladas en su cama. El hombre fue capturado en Venezuela después de huir de la ciudad, pero aún su deportación está en vilo.
Este crimen, también tiene similitudes, aparte de ser el victimario, una pareja sentimental, el cuerpo de la víctima fue hallado por su hijo, un menor de 9 años, que, según las autoridades, fue atendido en medio de un shock traumático causado por la escena macabra.
En total 4 casos descritos como feminicidios, que se suman a dos casos de asesinatos de mujeres en diferentes, pero no menos violentas circunstancias en el Valle de Aburrá.
Intolerancia y crimen organizado
El cuerpo de Martha Cecilia Puerta, de 68 años, fue hallado envuelto en una bolsa de basura en la cocina de una vivienda en Belén. Según el dictamen médico legal, la mujer falleció por asfixia mecánica, sofocación y presentaba heridas con un objeto contundente en la cabeza.
Lo más insólito del caso, es que la principal sospechosa y capturada es otra mujer. Lilia Arnoly Salcedo, una mujer de 59 años, que según pudo confirmar Exclusivo Colombia, tiene varios antecedentes por otros delitos y que simplemente, posaba de vecina de la víctima. Las causas del homicidio, según las primeras investigaciones, es el cobro de varios meses atrasados de arriendo.
La principal sospechosa y capturada es otra mujer. Lilia Arnoly Salcedo. Foto Policia Metropolitana
Por último, en los casos del Valle de Aburrá, se encuentra el complejo caso de sicariato en el que resultó muerta Patricia Orrego Barrio, una mujer de 43 años, asesinada a tiros cuando estaba cargando gasolina en una estación de servicio en el municipio de Girardota.
En este caso, advierten las autoridades, los móviles giran entorno a su esposo, reconocido con el alias de “Horqueta”, comandante del frente Capitán Mauricio del Eln en Antioquia.
Según la investigación, Alias “Horqueta”, fue detenido en 2016, tras lo cual, Patricia habría asumido el control de varios de sus negocios, especialmente en la minería de oro en Amalfi.
Violencia contra las mujeres se reproduce en Antioquia
La lista de las asesinadas en 2024 prosigue con los municipios del resto de Antioquia. El 14 de enero, en El Bagre, fue acribillada a tiros Leidys Patricia Palacios Moreno. Este crimen es atribuido al “Clan del Golfo”.
Diana Rocío Cadavid, fue asesinada en el municipio de Remedios el 17 de enero, Leidy Tatiana Gutiérrez Gómez, el 21 de enero en Urrao en lo que fue descrito por las autoridades como un ataque a un bar en el barrio El Pedrero. En un caso similar, en Ciudad Bolívar, el 22 de enero fue asesinada Delbys Jaramillo Echavarría, en el sector La Estación cuando sicarios en motocicleta la atacaron cuando se encontraba en una cafetería.
Menos mencionado, pero tal vez uno de los casos más graves de este año, ocurrió en el municipio de Rionegro el 30 de enero. Allí una bebé de 7 meses, identificada como Zoe Yissel Moreno, fue brutalmente asesinada. La principal sospechosa es otra mujer, que, según las autoridades, sería la compañera sentimental de la madre, una venezolana que desapareció del mapa tras los hechos.
La lista negra, la concluyen dos mujeres asesinadas en Caucasia, Viviana María Atencia, al parecer a manos de un grupo delincuencial y Olga Luz Lambraño, que según las primeras pesquisas, fue ultimada a tiros en medio de un aparente atraco en un negocio que administraba.
Justicia o prevención
Con este panorama, las autoridades, incluso del orden nacional, han volteado la mirada hacia Antioquia. En el país se han registrado más de 20 casos clasificados como feminicidios, en un top, que lastimosamente lidera Antioquia y en particular en Medellín, donde la nueva administración de Federico Gutiérrez tiene el reto de la prevención y la responsabilidad de la captura y esclarecimiento de los casos. “Existe una gran descomposición social. Que dolor el que produce cada muerte. Los hogares deben ser entornos seguros. Ponemos a disposición la Línea 123 de la Agencia Mujer y contamos con Hogares de Acogida para mujeres en riesgo. Solicito a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Seguridad que avancemos con la mayor celeridad en acciones a través de la mesa de trabajo interinstitucional con entes de control nacional y local, así como con colectivos de mujeres, para fortalecer la ruta de atención de estos casos”, dijo el Alcalde a través de su cuenta en X.
Seis personas fueron asesinadas en 1873 en Medellín, el primer gran crimen que se recuerda en la ciudad
La noche del martes 2 de diciembre fue una noche sumamente clara, escribiría el cronista. Era el año de 1873 y Medellín era un pueblo pequeño, a medio camino entre los valle del Cauca y del Magdalena. Los hechos que narra Francisco de Paula Muñoz, el cronista, ocurren en el Aguacatal, en el viejo camino de Medellín a Envigado. Aunque la narración comienza con la noche apacible, cercana a plenilunio, en la que el viento corría sin agitar el follaje, se va adentrando en el crimen que más estremeció a la ciudad en el siglo XIX.
Esa noche clara, Manuel Antonio Botero sintió un quejido en casa de sus vecinos, los Echeverri. Nunca supo a qué horas oyó el lamento, pero debía haber sido de madrugada, pues hacía rato se había dormido. Aunque se sobresaltó un poco, no le dio mayor importancia y siguió durmiendo.
Al otro día fue a casa de los Echeverri, a 100 metros de la suya. Quería preguntar cómo habían pasado la noche y averiguar el origen de aquel quejido de medianoche. Pero nadie le abrió. En cambio, notó que una pequeña mancha de sangre, como pincelada, se había incrustado en la puerta exterior.
Desde la ventana, cuenta el cronista, el señor Botero vio que sus vecinos dormían en la sala, sobre el suelo. No pudo precisar cuántas personas yacían, y de inmediato se fue para Medellín a dar la alerta.
En el Crimen del Aguacatal, como lo nombró la prensa de ese entonces, murieron seis personas. Medellín era una ciudad tranquila, provinciana, que crecía a la vera de un río que iba retorciéndose en sus meandros. Cuenta el cronista que, una vez inspeccionado el lugar y levantados los cuerpos, los llevaron a Medellín para procedcer con el entierro.
“Se leía la consternación en todos los semblantes y no se desprendía de la multitud más que el murmullo de los comentarios y algunas expresiones de conmiseración y de lástima”, escribía el cronista.
Ahora, entrado el siglo XXI, cuesta imaginar a la muchedumbre caminando lento, bajo el cielo posiblemente encapotado, con carruajes que arrastran seis ataúdes. Medellín se convirtió, cien años después, en una máquina de guerra y de muerte. En 1991, el año más violento en su historia, fueron asesinadas 8.954, es decir, 24 muertos al día. Las cavas de Medicina Legal no daban abasto y la gente se acostumbró a la muerte.
Pero cien años antes, en 1873, nadie estaba habituado al horror con el que habían matado a la familia Echeverri. Fueron seis las víctimas: Virginia Álvarez, de 36 años; su esposo, Melitón Escovar, de 48; Sinforiano Escovar, de 22 años e hijo del matrimonio; Juana Echeverri, de 63 años y madre de Virginia; Teresa Ramírez, de 15 años, y María Ana Marulanda, de unos 36 años, la sirvienta que llevaba 15 días trabajando en la casa.
Cuenta el cronista Muñoz que el presbítero Francisco Naranjo, capellán de la iglesia de San Blas, fue el primero en entrar a la casa. El sacerdote notó que Teresa todavía no estaba muerta. Le preguntó si quería recibir los santos óleos, pero la moribunda no contestó. Entonces, con ayuda de dos testigos, la volteó para darle la extremaunción. A paso seguido le dio un trago de aguapanela y la llevó a la cama, donde murió.
Como el caso estremeció a Medellín, los periódicos publicaban sucesivos artículos y las habladurías se apoderaron del pueblo-ciudad. Buena parte de los aldeanos culparon del asesinato a Melitón, el padre de la familia. Melitón había sido vigoroso y trabajador en la juventud, pero una fiebre le había dejado un problema mental al que llamaron “locura”.
La ciudad, entonces, se dividió en dos, los que creían a Melitón culpable y los que abogaban por su inocencia.
Así pasó un tiempo hasta que las autoridades comenzaron a sospechar de Daniel Escobar, un primo de la familia que, supuestamente, había ido a cobrarle una plata a Sinforiano.
Escovar negó su participación en la masacre, pero, después de dos semanas de interrogatorios, relató que se trabó en una pelea con Sinforiano por la plata que le debía. Entonces agarró un hacha y, con furia, dio con Sinforiano en el suelo y siguió con los demás miembros de la familia.
Escovar luego cambió de versión y dijo que los asesinatos los había cometido porque iba a robar unas joyas de la familia. Las autoridades nunca creyeron que hubiera cometido el crimen sin ayuda de nadie más, pero él no dio su brazo a torcer.
Dice la leyenda que Escovar se fugó de la cárcel y se fue a vivir a Urrao, donde se casó y se convirtió en un padre “ejemplar”.
Mucho antes de las rencillas del narcotráfico, de los enmaletados, de los desmembrados y los carrobomba, Medellín se estremeció por un asesinato infame. Nadie previó la vorágine de violencia que envolvería a la ciudad durante el siglo venidero.
La alcaldía de ese municipio reveló que el niño padecía desnutrición. Según El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 se reportaron en Antioquia 21 suicidios de menores de 18 años. Exclusivo Colombia presenta una radiografía por municipios y rangos de edades.
Un trágico desenlace invade de tristeza a un resguardo indígena de Zaragoza, Antioquia. Según la investigación, un menor de 10 años fue hallado suspendido a una cuerda en el baño de su vivienda.
Exclusivo Colombia conoció el relato de la madre quien aseguró que horas antes el niño indígena despertó con señales de tristeza por la ausencia de su papá, quien falleció hace dos años y, al ver que no salía del baño para vestirse y luego salir a estudiar, abrió la puerta y lo encontró en el suelo.
En medio de la impotencia y la esperanza de salvarlo, la mujer lo llevó a un centro asistencial, pero la reanimación no fue suficiente por las lesiones que le causó la presión de una cuerda que utilizó el niño para quitarse la vida.
El alcalde del municipio de Zaragoza, Andrés Emilio Luján le confirmó a este portal que “tenía unas condiciones de vida bastante deplorables, sufría de desnutrición y tenía problemas de crecimiento”.
El mandatario agregó que la desnutrición, al parecer, obedece a “la situación de pobreza que se vive en el resguardo indígena San Antonio 2”.
La administración informó en Exclusivo Colombia que “se le brindó auxilio funerario a la familia, posterior a ello se le brindó un acompañamiento desde la institucionalidad, con presencia de la Comisaría de Familia, sicólogos”.
Las cifras son alarmantes. Este año es el segundo suicidio en este municipio del Bajo Cauca antioqueño (una mujer indígena) y en esta subregión se han reportado al menos 4 casos.
Según El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 se reportaron en Antioquia 21 suicidios de menores de 18 años y 430 de mayores de 18.
Historia de Janeth y Alfredo, una familia que mantiene las costumbres del campo en la comuna 13
La casa de Janeth y Alfredo es de tapia; las paredes son gruesas y centenarias. Alfredo recuerda que, según le contaron, sus antecesores levantaron esa casa hace 150 años. Ahí nacieron su papá, él y sus hijos. A finales del siglo XIX no había llegado el primer carro a la ciudad, no se había construido la Basílica Metropolitana, el río Medellín tenía meandros y el Parque Berrío era una plaza de estilo español. Todos esos cambios, más la masificación de la urbe, el estallido de la violencia y la construcción del metro, a finales del siglo XX, los ha visto la casa de Jhaneth y Alfredo desde lo más alto de la comuna 13.
Jhaneth y Alfredo viven en Medellín, pero son campesinos. Se levantan a las 5:00 de la mañana, cuando el viento sopla frío, y con los primeros rayos de sol encienden el fogón de leña. Jhaneth amasa y asa las arepas, mientras Alfredo le da vuelta a los cultivos, no vaya a ser que una helada los echara a perder durante la noche.
Toman chocolate con leche, ideal para el frío de la mañana. La casa centenaria está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, muy por encima del valle. Desde el balcón, adornado con flores de tierra fría, se columbra el valle: el estadio y la unidad deportiva, el cerro Nutibara, el Parque Explora.
Janeth y Alfredo en su parcela.
Pero arriba, en la casa de Janeth y Alfredo, el ruido es un rumor lejano de la ciudad. Hasta la parte alta de Belencito, el sector Travesías El Morro, solo se escuchan las guacharacas que graznan sobre los campos. Hasta esa parte no suben carros, ni buses, ni siquiera motos. Para llegar a la casa hay que subir calles empinadas y escaleras inclinadas.
La pareja es una reminiscencia de una ciudad que ya no existe. Sobre la comuna 13 se habla demasiado, pero siempre sobre lo mismo: la operación Orión, las escaleras eléctricas, el grafitur. Es muy poco, en cambio, lo que se dice de la parte rural de la comuna, donde viven Janeth y Alfredo en su casa de tapia y paredes gruesísimas, donde levantan pollos y siembran coles.
Ellos también son habitantes de la famosa comuna 13. Vivieron el horror de la Operación Orión y el aciago final de los 90. Alfredo, apoyado sobre una de las viejas paredes de la casa, recuerda que las balaceras eran frecuentes y que tenían que meterse bajo las camas. Pasaban hasta cuatro horas ahí, inmóviles, esperando que la recia balacera menguara.
En las noches, recuerdan Janeth y Alfredo, los milicianos pasaban por los campos. Surcaban las tierras que ellos cultivaban, que sus abuelos y bisabuelos habían conseguido y mantenido durante siglo y medio. Nada podían hacer ellos, una familia de campesinos, frente a esos jóvenes indómitos que atravesaban la tierra con sangre, saliva y balas.
En la parcela siembran coles, fríjoles y arvejas.
La comuna 13 vivió su peor época a finales de los 90 y a comienzos de los 2000. Para entonces, los paramilitares, con la anuencia de algunos mandos militares, decidieron tomarse la comuna 13 al costo que fuera. La convicción era sacar a las milicias de las guerrillas que desde hacía unos años se habían apoderado de las calles, las terrazas y las plazas de vicio.
El culmen de los años más infaustos llegó el 16 de octubre de 2002, cuando se perpetró la Operación Orión, que dejó 71 personas asesinadas por los paramilitares y 92 desaparecidos, según datos de la Corporación Jurídica Libertad.
¿Qué había pasado? ¿En qué locura colectiva se había subido la ciudad? ¿Qué era ese baño de sangre? ¿Cómo entender que la apacible ciudad de comienzos de los 30 se hubiera transformado en esa vorágine de violencia?
Esa transformación se vivió también allá arriba, donde se difumina la frágil frontera entre campo y cuidad. Janeth y Alfredo, que están tan lejos de la ciudad para algunas cosas, sintieron en carne propia esa debacle social sin precedentes.
En la finca todavía cocinan el maíz y las arepas en leña.
A medida que se va subiendo por las calles de Belencito Corazón, las casas se comienzan a espaciar y aparecen parcelas verdes, barrancos y quebradas. Se escuchan los graznidos de las guacharacas y el cantar de los gallos. Es un mundo diferente, que parece más reciente y bondadoso.
En ese mundo se conocieron Janeth y Alfredo hace muchos años, no recuerdan ni cuántos. Janeth, que es buena conversadora y bromista, cuenta la historia: su mamá era amiga de la familia de Alfredo. Cuando ella nació, él tenía 17 años.
—Yo la conocí cuando ella gateaba—dice Alfredo, y se ríe.
Aunque se conocieran de toda la vida, él era tímido y no se animaba a llevar las conversaciones por otros rumbos. Hasta que un día, borracho, le propuso matrimonio. Janeth se quedó muda, pero le dijo que hablara con la mamá de ella, la futura suegra, para que le diera el visto bueno. Pactaron que así se hiciera el siguiente miércoles.
Pero Alfredo no aguantó y fue el martes a pedir la mano. Sin parapetos, con naturalidad campesina, se fueron a vivir juntos y formaron un hogar con tres hijas.
El corredor de la finca es típico de las casas rurales antioqueñas.
En Medellín, según la alcaldía, hay 50.000 campesinos. Están principalmente asentados en los cinco corregimientos, pero también en las laderas de la ciudad, donde se confunde lo urbano y lo rural. Se estima que son 12.000 las familias que aún viven del campo, como Janeth y Alfredo, que venden en Belencito sus arvejas, coles y fríjoles.
Su vida se parece más a las de las zonas remotas de Antioquia, aunque están a 20 minutos del centro de Medellín. No reciben ningún apoyo oficial y su vida sería más difícil si no fuera por la fundación Dame la Mano, que desde hace un tiempo los apoya.
Están lejos de las escaleras eléctricas, de los grafitis y los reflectores de las cámaras, pero son habitantes de la comuna 13 y se definen como tal. Que nadie les diga que no son los campesinos de la 13.
Hoy son 250 los niños que reciben a diario en la fundación Dame la Mano
Corría el año de 1984 cuando Lucía Londoño, por una invitación, llegó a la parte alta del barrio Belencito Corazón. Para entonces se estaban poblando las laderas occidentales de la ciudad. Desplazados de los pueblos de Antioquia y otros departamentos llegaban por montones a la ciudad y, como podían, levantaban casas de tablas y lonas, muy precarias. Abundaban las necesidades y el dolor se podía palpar. Entonces Lucía pensó que había que hacer algo con urgencia.
Ese fue el comienzo de Dame la Mano, la fundación que Lucía creó y que este 14 de febrero cumple 40 años. Muchas cosas han pasado desde ese lejano año de 1984. Las casas ahora son, en su mayoría, y en buena medida gracias a la fundación, de material y están bien cimentadas. El barrio, aunque periférico y en lo alto de las colinas occidentales, tiene buenas vías de acceso y transporte público. No es el vecindario de casas de cartón de hace 40 años, pero las necesidades continúan.
La fundación mejoró las casas en las que vivían las personas del barrio.
Dame la Mano fue creciendo y ahora tiene una sede grande, llena de salones amplios y modernos. Está dividida en dos partes, una para los niños y otra para los adultos. Son 250 niños de entre 0 y 5 años que llegan todas las mañanas a recibir un buen desayuno y una jornada de juegos y recreación.
Es un laberinto de salones. Eso se debe, explica la directora de la fundación, Paula Andrea Vargas, a que el crecimiento de la infraestructura ha sido paulatino. Dame la Mano se ha ido expandiendo y así ha tenido que comprar las casas aledañas para adecuarlas. Quien no conoce se confunde ante la cantidad de salas. En la mañana, la mayoría está llena de niños alegres que, con música o con actividades manuales, bailan y saltan.
Uno de los salones principales es el comedor. Está junto a la cocina que también acondicionó la fundación. Antes, cuenta la directora, un tercero les llevaba la comida de los niños, pero prepararla en el lugar garantiza la calidad y la frescura de los alimentos.
No es fácil atender a los 250 niños que todos los días llegan a la fundación. Los retos logísticos no son menores. Por eso, la directora cuenta que tienen que hacer pasar a los niños por grupos, pues el comedor no es lo suficientemente grande para atenderlos a todos. “Lo que hacemos para garantizar que todos coman es pasarlos de a grupos con las profesoras. Acá están desde las 8 de la mañana y les brindamos un espacio completo y seguro. Por eso separamos la parte de los adultos, que tiene otra entrada y así garantizamos la protección de los niños”, dice Vargas.
La fundadora Lucía Londoño con Blanca Quintero, quien ha trabajado 40 años en la fundación.
Viviendas dignas
Hace cuatro décadas, la fundación se puso manos a la obra para mejorar las viviendas del barrio Belencito. Para entonces, casi todas eran de madera. La galería histórica muestra a las familias de la época frente a fachadas precarias, apenas construidas con lo necesario.
Cuarenta años después, Dame la Mano sigue mejorando las casas de los habitantes del barrio. La fundación tiene un programa de vivienda digna que, cada año, entrega cuatro o seis casas propias, bien equipadas, para residentes del sector.
Son varias las condiciones que deben cumplir los interesados para lograr la ayuda. Lo principal es que tengan propiedad legal del lote donde se construirá la casa. Muchas veces hay un rancho que debe echarse abajo para levantar la nueva morada. La otra condición es que el lote no esté en una zona de alto riesgo, algo común en un lugar pendiente, sobre la ladera y que está surcado por quebradas.
Una de las beneficiarias de este programa fue Blanca Quintero, una mujer que está en la fundación desde sus inicios. Blanquita, como le dicen de cariño, recibió ayuda de la propia Lucía y, como se ganó la confianza de todos, luego se le dio empleo en la cocina y hoy está a punto de pensionarse.
Blanquita tenía el lote pelado y el sueño eterno de vivir en una casa propia. Dame la Mano le hizo el milagrito, como se dice, y en un par de semanas llegará a su nueva casa, una agradable vivienda bien dotada, de fachada verde, donde descansará una vez reciba la pensión y pueda descansar después de más de 40 años de trabajo.
Los adultos y jóvenes se forman para entrar al mundo laboral.
Educación para todos
En Dame la Mano hay espacio para todos. Los adultos mayores, que generalmente viven en condiciones complicadas, reciben ayudas de parte de la fundación.
Pero otra de las líneas más importantes tiene que ver con la formación gratuita de jóvenes que, gracias a un convenio con el Sena, pueden formarse en varios programas relacionados con la industria textil, recursos humanos y la función de auxiliar administrativo. La directora cuenta que más del 80% de los jóvenes que han pasado por los programas están empleados en empresas que les abren sus puertas.
Los cuarenta años de Dame la Mano marcan la historia de la Belencito Corazón y la comuna 13. Otro habría sido el discurrir del barrio sin la fundación.
Si desea aportar o donar a la fundación, puede hacerlo a través de las líneas 604 434 45 71, 604 250 08 01 o al WhatsApp 305 370 51 70. En la página de la fundación www.damelamanofundacion.org también puede encontrar información al respecto.
Una grave denuncia dejó en evidencia una oscura práctica de instrumentalización de niños en Antioquia. En una mina de oro del municipio de San Roque, con aparente explotación ilegal, varios menores estarían siendo seducidos con trabajo a cambio de droga
La minería de oro es un renglón de la economía en Antioquia que mueve exorbitantes cantidades de dinero legal, pero otro porcentaje incalculable, es ilícito y se mueve en algunas minas situadas en recónditas montañas de algunos municipios, conocidos por un suelo aurífero, lo que ha permitido que los grupos ilegales como (AGC) Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN y Disidencias de las antiguas Farc, que han derivado buena parte de su economía en las denominadas “vacunas” (cuotas extorsivas a mineros), en zonas muy específicas, tengan el dominio sobre este millonario negocio que hoy se tramita de manera oscura en distintas regiones del país.
Ese apresurado objetivo por obtener ganancias ha llevado a algunas personas, en ocasiones apoyadas por los ilegales a vincularse a la actividad de la minería para lograr el sustento de la familia o lucrarse y lograr una mejor calidad de vida. En este camino de contrastes, algunas personas que “posan” de administradores cometen atropellos contra la población civil, en particular contra menores que habitan en estas zonas rurales, alejadas.
Exclusivo Colombia conoció una denuncia de los habitantes del municipio de San Roque, en el Nordeste de Antioquia. Por medio de una fuente cuentan que en esa población un grupo de menores está siendo explotado laboralmente en algunas minas, cuya explotación es ilícita, y a quienes presuntamente los empleadores les pagan con marihuana y otras sustancias alucinógenas, lo que se tipifica en un delito.
Este medio de comunicación conversó con un líder social de la zona, quien por razones de seguridad pidió reserva de su identidad, explicó que este tipo de conductas de los adultos está desatando una gran problemática de inducción al consumo de droga en algunos menores y está agravando la situación de algunos jóvenes que ya reportan adicción.
Con temo, el líder social, quien ya asegura que esta denuncia ya se puso en conocimiento de las autoridades, expresó que “hay personajes que están utilizando a los menores de edad para la explotación minera. Y a estos niños menores de edad no les pagan con dinero, sino que personas inescrupulosas les están pagando con marihuana, es decir, con vicio. Eso viene ya desde unos dos años más o menos para acá y que han utilizado estas maniobras estas personas. Entonces ya estos menores, unos son mayores de edad, otros no han cumplido la mayoría de edad, son personas que se han vuelto viciosos y ya son insoportables en la región. Entonces, esas son las denuncias que me hacen llegar para que yo las dé a conocer acá a las autoridades competentes y a los medios”, aseveró.
La fuente protegida contó cómo es el modus operandi de quienes estarían explotando a estos menores, aprovechándose de la situación económica de las familias que requieren un ingreso con urgencia y, es así, como los infantes se vuelven presa fácil de esos adultos, sin escrúpulos.“Llegan ofreciéndoles trabajo como lo ven así en la calle, niños que no tienen forma o no han querido o han evadido el estudio, entonces, estas personas llegan diciéndoles que les van a enseñar minería, que allá se les va a ir muy bien, van a sacar buen oro; los convencen y se los llevan a hacer esta clase de labores, pero ahí mismo los seducen a ingerir esta clase de sustancias, volviéndolos adictos a estos vicios”.
Muchos lectores se preguntarán por qué las familias de los menores involucrados en esta actividad no denuncian, la respuesta lamentablemente es la misma que en otras subregiones del departamento: el miedo a ser víctimas de ataques armados e incluso el temor a que sus hijos, que hoy están siendo vinculados, sean asesinados. Por lo menos así lo advierte la fuente consultada.
“Pues, de todas maneras, les da miedo a estas personas. Hay unos que les han hecho el reclamo a estas personas, pero ven y los visibilizan muy aliados con los grupos, al margen de la ley. Y estas personas también los intimidan con estas personas, con estas personas de los grupos. Entonces nadie se atreve a denunciar, porque, como le digo, les da miedo. Allá es la ley del silencio”, Agregó.
Video: investigación
Según la denuncia, el comportamiento de los jóvenes se ha convertido en un problema social, su conducta ha derivado en episodios violentos por los efectos que genera el consumo y por el “ejemplo” de poder impartido por sus “jefes”, una situación que hoy tiene preocupados a los padres de familia de esta población “la problemática es esa, o sea, ellos ya al consumir esta clase de drogas, ya ellos cambian la actitud. O sea, son niños que han venido de cuna, muy decentes, muy hogareños, pero al seducirlos a esta clase de vicios, ya ellos, las actitudes hoy en día no son las mismas de antes. Son prácticamente niños que se están portando muy mal en la región”.
Según el líder que conversó con Exclusivo Colombia, la problemática se reporta en una vereda específicamente, pero prefirió omitirla por seguridad, aunque agrega, que las autoridades como la Policía ya está al tanto de la denuncia, pero ninguna instaurada de manera formal para evitar ser identificados y que se filtre a los grupos ilegales y derive en una amenaza que, en el mejor de los casos puede convertirse en un desplazamiento o en el peor escenario en homicidios. En resumen, dice, que la riesgosa denuncia de estos vejámenes quede en la impunidad.
“A las autoridades como tal no podemos culparlas porque ellos tienen que tener una certeza directamente de quien denuncia y las pruebas suficientes, entonces, esto se está quedando un poco en la impunidad porque nadie se anima por el miedo, el temor de perder la región y no tienen para dónde irse o a que los maten”, sentencia.
Expresa que como en otras poblaciones antioqueñas e incluso del resto del país, la comunidad no tiene confianza en las instituciones como alcaldías, personería ni demás entidades, por lo que solicitan una intervención institucional desde la gobernación y el gobierno nacional.
Exclusivo Colombia consultó al defensor de derechos humanos de Antioquia Yesid Zapata, quien dijo que esta práctica utilizada con los menores en San Roque es condenable, que se está vulnerando los derechos de los adolescentes y que este problema debe ser atendido de inmediato por parte de las autoridades e incluso organismos internacionales para evitar que sean utilizados e instrumentalizados en zonas lejanas donde el ejército y mucho menos la autoridad civil llega para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores “ lo que uno llamaría la atención es dónde están las autoridades, dónde está la institucionalidad tratando de evitar este tipo de cosas, y también evidentemente hay una situación de impunidad en este territorio por diversas situaciones que hemos conocido, que son denunciadas, que se hacen visibles por parte de la sociedad, pero las autoridades no le prestan atención a una crisis que se está presentando y que podría extenderse hacia otros municipios aledaños”, recalcó.
Foto: investigación
El también líder social hace un llamado de atención porque se estaría utilizando esta forma de vinculación de los jóvenes para fortalecer los grupos armados, no solo en San Roque, sino en otros municipios del departamento “evidentemente los actores armados podrían estar recurriendo a estas prácticas que ya han utilizado en otros municipios como el municipio de Medellín, Valle de Aburrá, en general, digámoslo así, realizar una escuela delincuencial con personas jóvenes que son presas fáciles, son presas que les salen también muy económicas porque pues les pagan posiblemente con la misma mercancía ilícita que producen y obviamente esto podría generar en el transcurso de los meses y los días que estos jóvenes terminen enlistando estos grupos armados ilegales”.
(AGC) en San Roque
Según el líder consultado en San Roque, el grupo ilegal controla todas las actividades en esa población como los insumos para la explotación minera y otras actividades propias de la zona. La extorsión es el principal ingreso. Según contó a Exclusivo Colombia, el grupo denominado por las autoridades como Clan del Golfo cobra entre $200 mil, $800 mil o un millón de pesos mensuales o por cada lavada de tierra en las unidades mineras o socavones. La premisa del grupo es “quien quiera trabajar la minería debe hacer el aporte”, asevera.
