Una grave denuncia dejó en evidencia una oscura práctica de instrumentalización de niños en Antioquia. En una mina de oro del municipio de San Roque, con aparente explotación ilegal, varios menores estarían siendo seducidos con trabajo a cambio de droga
La minería de oro es un renglón de la economía en Antioquia que mueve exorbitantes cantidades de dinero legal, pero otro porcentaje incalculable, es ilícito y se mueve en algunas minas situadas en recónditas montañas de algunos municipios, conocidos por un suelo aurífero, lo que ha permitido que los grupos ilegales como (AGC) Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN y Disidencias de las antiguas Farc, que han derivado buena parte de su economía en las denominadas “vacunas” (cuotas extorsivas a mineros), en zonas muy específicas, tengan el dominio sobre este millonario negocio que hoy se tramita de manera oscura en distintas regiones del país.
Ese apresurado objetivo por obtener ganancias ha llevado a algunas personas, en ocasiones apoyadas por los ilegales a vincularse a la actividad de la minería para lograr el sustento de la familia o lucrarse y lograr una mejor calidad de vida. En este camino de contrastes, algunas personas que “posan” de administradores cometen atropellos contra la población civil, en particular contra menores que habitan en estas zonas rurales, alejadas.
Exclusivo Colombia conoció una denuncia de los habitantes del municipio de San Roque, en el Nordeste de Antioquia. Por medio de una fuente cuentan que en esa población un grupo de menores está siendo explotado laboralmente en algunas minas, cuya explotación es ilícita, y a quienes presuntamente los empleadores les pagan con marihuana y otras sustancias alucinógenas, lo que se tipifica en un delito.
Este medio de comunicación conversó con un líder social de la zona, quien por razones de seguridad pidió reserva de su identidad, explicó que este tipo de conductas de los adultos está desatando una gran problemática de inducción al consumo de droga en algunos menores y está agravando la situación de algunos jóvenes que ya reportan adicción.
Con temo, el líder social, quien ya asegura que esta denuncia ya se puso en conocimiento de las autoridades, expresó que “hay personajes que están utilizando a los menores de edad para la explotación minera. Y a estos niños menores de edad no les pagan con dinero, sino que personas inescrupulosas les están pagando con marihuana, es decir, con vicio. Eso viene ya desde unos dos años más o menos para acá y que han utilizado estas maniobras estas personas. Entonces ya estos menores, unos son mayores de edad, otros no han cumplido la mayoría de edad, son personas que se han vuelto viciosos y ya son insoportables en la región. Entonces, esas son las denuncias que me hacen llegar para que yo las dé a conocer acá a las autoridades competentes y a los medios”, aseveró.
La fuente protegida contó cómo es el modus operandi de quienes estarían explotando a estos menores, aprovechándose de la situación económica de las familias que requieren un ingreso con urgencia y, es así, como los infantes se vuelven presa fácil de esos adultos, sin escrúpulos. “Llegan ofreciéndoles trabajo como lo ven así en la calle, niños que no tienen forma o no han querido o han evadido el estudio, entonces, estas personas llegan diciéndoles que les van a enseñar minería, que allá se les va a ir muy bien, van a sacar buen oro; los convencen y se los llevan a hacer esta clase de labores, pero ahí mismo los seducen a ingerir esta clase de sustancias, volviéndolos adictos a estos vicios”.
Muchos lectores se preguntarán por qué las familias de los menores involucrados en esta actividad no denuncian, la respuesta lamentablemente es la misma que en otras subregiones del departamento: el miedo a ser víctimas de ataques armados e incluso el temor a que sus hijos, que hoy están siendo vinculados, sean asesinados. Por lo menos así lo advierte la fuente consultada.
“Pues, de todas maneras, les da miedo a estas personas. Hay unos que les han hecho el reclamo a estas personas, pero ven y los visibilizan muy aliados con los grupos, al margen de la ley. Y estas personas también los intimidan con estas personas, con estas personas de los grupos. Entonces nadie se atreve a denunciar, porque, como le digo, les da miedo. Allá es la ley del silencio”, Agregó.
Según la denuncia, el comportamiento de los jóvenes se ha convertido en un problema social, su conducta ha derivado en episodios violentos por los efectos que genera el consumo y por el “ejemplo” de poder impartido por sus “jefes”, una situación que hoy tiene preocupados a los padres de familia de esta población “la problemática es esa, o sea, ellos ya al consumir esta clase de drogas, ya ellos cambian la actitud. O sea, son niños que han venido de cuna, muy decentes, muy hogareños, pero al seducirlos a esta clase de vicios, ya ellos, las actitudes hoy en día no son las mismas de antes. Son prácticamente niños que se están portando muy mal en la región”.
Según el líder que conversó con Exclusivo Colombia, la problemática se reporta en una vereda específicamente, pero prefirió omitirla por seguridad, aunque agrega, que las autoridades como la Policía ya está al tanto de la denuncia, pero ninguna instaurada de manera formal para evitar ser identificados y que se filtre a los grupos ilegales y derive en una amenaza que, en el mejor de los casos puede convertirse en un desplazamiento o en el peor escenario en homicidios. En resumen, dice, que la riesgosa denuncia de estos vejámenes quede en la impunidad.
“A las autoridades como tal no podemos culparlas porque ellos tienen que tener una certeza directamente de quien denuncia y las pruebas suficientes, entonces, esto se está quedando un poco en la impunidad porque nadie se anima por el miedo, el temor de perder la región y no tienen para dónde irse o a que los maten”, sentencia.
Expresa que como en otras poblaciones antioqueñas e incluso del resto del país, la comunidad no tiene confianza en las instituciones como alcaldías, personería ni demás entidades, por lo que solicitan una intervención institucional desde la gobernación y el gobierno nacional.
Exclusivo Colombia consultó al defensor de derechos humanos de Antioquia Yesid Zapata, quien dijo que esta práctica utilizada con los menores en San Roque es condenable, que se está vulnerando los derechos de los adolescentes y que este problema debe ser atendido de inmediato por parte de las autoridades e incluso organismos internacionales para evitar que sean utilizados e instrumentalizados en zonas lejanas donde el ejército y mucho menos la autoridad civil llega para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores “ lo que uno llamaría la atención es dónde están las autoridades, dónde está la institucionalidad tratando de evitar este tipo de cosas, y también evidentemente hay una situación de impunidad en este territorio por diversas situaciones que hemos conocido, que son denunciadas, que se hacen visibles por parte de la sociedad, pero las autoridades no le prestan atención a una crisis que se está presentando y que podría extenderse hacia otros municipios aledaños”, recalcó.
El también líder social hace un llamado de atención porque se estaría utilizando esta forma de vinculación de los jóvenes para fortalecer los grupos armados, no solo en San Roque, sino en otros municipios del departamento “evidentemente los actores armados podrían estar recurriendo a estas prácticas que ya han utilizado en otros municipios como el municipio de Medellín, Valle de Aburrá, en general, digámoslo así, realizar una escuela delincuencial con personas jóvenes que son presas fáciles, son presas que les salen también muy económicas porque pues les pagan posiblemente con la misma mercancía ilícita que producen y obviamente esto podría generar en el transcurso de los meses y los días que estos jóvenes terminen enlistando estos grupos armados ilegales”.
(AGC) en San Roque
Según el líder consultado en San Roque, el grupo ilegal controla todas las actividades en esa población como los insumos para la explotación minera y otras actividades propias de la zona. La extorsión es el principal ingreso. Según contó a Exclusivo Colombia, el grupo denominado por las autoridades como Clan del Golfo cobra entre $200 mil, $800 mil o un millón de pesos mensuales o por cada lavada de tierra en las unidades mineras o socavones. La premisa del grupo es “quien quiera trabajar la minería debe hacer el aporte”, asevera.
