Con un particular pelaje y un olfato implacable, Max, un golden retriever albino, no solo combate al narcotráfico, sino que también se ha ganado el corazón de todos. Entrenado desde cachorro, este héroe de cuatro patas recorre aeropuertos, terminales y parques rastreando sustancias ilícitas, mientras se prepara para un retiro lleno de amor y reconocimiento. ¿Quién es este perro extraordinario que combina ternura y valentía?
Max es un perro de raza golden retriever albino que ha demostrado ser una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico. Con tan solo 4 meses, comenzó su entrenamiento en un programa especializado para perros antinarcóticos, y hoy, con 2 años de servicio, se ha ganado el cariño y respeto de su equipo en la policía, así como de la comunidad que lo ha visto trabajar incansablemente en aeropuertos, terminales de transporte y eventos masivos.
Max fue a la escuela de Facatativá, Cundinamarca donde tuvo un entrenamiento de asociación con sustancias narcóticas. Por ello, es un perro antinarcóticos. Esta capacitación duró aproximadamente unos cuatro meses y de ahí lo capacitan junto con su guía para sacar de circulación estas sustancias en bodegas de envío, en parques y donde lo requiera la ciudadanía”.
Su jornada laboral, lejos de ser una rutina agotadora, es conocida como una “jornada de juego” para el canino. Max ha sido entrenado para detectar sustancias ilegales a través de su agudo sentido del olfato, lo que lo ha convertido en un colaborador indispensable en las labores de seguridad pública. Cada día, el perro realiza diferentes tareas que consisten en rastrear maletas, vehículos y áreas de alto riesgo para localizar posibles narcóticos, siempre acompañado por su guía humano.
“Nosotros hacemos un tema de adiestramiento con nuestros caninos con el tema de potenciación, la potenciación es buscar que el perro juegue y la asociación es asociar una pelota con el olor de la sustancia para que el canino empiece a buscar la droga y el tema de registro es en campos reales como aeropuertos y terminales, sea base de coca, tusi y las drogas sintéticas que existen ahora. Solo asocian el olor, mas nunca se les da a probar.
Aunque Max ha estado en servicio por dos años, la policía tiene claro que el bienestar de sus perros es una prioridad. Tras completar 8 años de servicio, el canino entra en un proceso de jubilación denominado “Adopta un héroe de 4 patas”, una iniciativa de una ONG que se encarga de encontrar hogares para los perros de trabajo que se retiran. Este programa no solo busca garantizar una vida tranquila y feliz para los perros jubilados, sino también reconocerles el arduo trabajo que han realizado en beneficio de la comunidad.
El 31 de mayo de 2001, en la vereda Salto Arriba, Marinilla, un acto de fe se convirtió en una tragedia. Mientras los habitantes rezaban el Rosario de Aurora, paramilitares del Bloque Metro los rodearon, secuestraron más de 200 campesinos, ejecutaron a 28 y desaparecieron a 2. Entre los retenidos, estaba el esposo de Ana Tulia Jiménez, don Eduardo, un líder devoto de la comunidad.
En la madrugada del 31 de mayo de 2001, la comunidad de la vereda Salto Arriba, en Marinilla, Antioquia, se había reunido para realizar el tradicional Rosario de Aurora. Desde temprano, hombres y mujeres caminaron juntos hacia la pequeña escuela de la vereda, mientras oraban en honor a la Virgen María.
Alrededor de las cinco de la mañana, los feligreses llegaron a la escuela y se encontraron rodeados por más de 200 hombres armados. Según la comunidad, eran miembros del bloque metro. Los paramilitares interrumpieron la procesión y llevaron a los asistentes a la capilla de la vereda, donde los retuvieron bajo amenazas.
“La noche antes de ese suceso, había sido muy lluviosa. La gente se levantó muy temprano para hacer el rosario cuando se dieron cuenta que estaban siendo rodeados por más de 200 personas del bloque metro, ellos fueron secuestrados y retenidos en la capilla de la vereda, les dijeron quiénes debían quedarse y quiénes iban a ser judicializados por ellos, de cierta manera, por ser disque colaboradores“, recordó Ana Tulia Jiménez, esposa de uno de los retenidos.
Según los testimonios, los paramilitares sacaron una lista y empezaron a llamar a las personas por su nombre. Algunos fueron interrogados, otros torturados y otros más asesinados. Entre ellos estaba don Eduardo, el esposo de Ana Tulia, un hombre conocido por su devoción y su liderazgo en las actividades religiosas.
Ana Tulia recordaba que su esposo había salido temprano esa mañana junto a sus hijas mayores, mientras ella se había quedado en casa con las más pequeñas. “Por esos días había llovido mucho, pero esa madrugada no cayó ni una gota. Mi esposo se levantó temprano con nuestras hijas mayores para ir al Rosario, mientras yo me quedé dormida en la casa con las más pequeñas. A las 7:30 de la mañana, como no aparece me puse a llamar y a llamar a los teléfonos vecinos y no, prácticamente nadie me contestó hasta que de pronto me contestó así un vecino de acá unos Cardonas. Eliseo me dijo pues que los tenían detenidos y secuestrados por toda parte. Que no dejaban salir a la gente de la escuela. Yo dije, gracias a Dios que están ahí porque hacía 15 días habían hecho una pesca ya por el lado de La Milagrosa y se habían llevado más de 30 personas”.
La intranquilidad inicial de Ana Tulia se transformó en dolor porque “catalogaran a mi esposo como guerrillero. Él era un hombre bueno, un ejemplo para la comunidad”.
En los días siguientes, la presencia de helicópteros y los enfrentamientos armados incrementaron el miedo en la vereda. Muchas familias decidieron huir, dejando atrás sus casas y cultivos. “La gente se fue, dejaron las casitas, los cultivos… El miedo nos obligó a buscar refugio en otros lugares“, contó Ana Tulia.
De las más de 100 familias que vivían en Salto Arriba, la mayoría abandonó la zona. Las pocas que permanecieron lo hicieron por no tener otra alternativa, enfrentando el impacto de tierras abandonadas y escuelas vacías, en un entorno marcado por el silencio y la desolación.
A pesar del dolor y las pérdidas, Ana Tulia y su familia lograron reconstruir su vida. Con esfuerzo y dedicación, sacaron adelante un pequeño negocio de mermeladas y aromáticas.
“La paz no se encuentra en cualquier esquina ni se compra en una tienda. La llevamos dentro cuando aprendemos a perdonar. Sanamos cuando miramos al otro con compasión y entendemos que el rencor solo prolonga el dolor”, reflexionó Ana Tulia.
Dos décadas después, el 31 de mayo de 2001 seguía siendo una fecha imborrable en la memoria de la comunidad. El horror de aquel Rosario de Aurora recordaba la crudeza de la violencia que azotó a la región, pero también mostraba la capacidad de los sobrevivientes para sobreponerse al dolor y buscar nuevas formas de salir adelante.
Los proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) han emergido como una estrategia clave para mitigar el cambio climático y a la vez vincular a los pueblos indígenas y comunidades rurales que habitan en ecosistemas estratégicos de Colombia y el mundo.
Para el caso de los Proyectos REDD+ implementados por Masbosques y Soluciones Proambiente estos vienen desarrollándose, en la región de la Amazonía colombiana, específicamente en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, la colaboración entre estas organizaciones ha permitido implementar siete iniciativas REDD+ que, además de evitar la deforestación, también han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas vinculados.
RESULTADOS DESTACADOS
Desde 2020, se han desarrollado e implementado siete proyectos REDD+ con los que se ha logrado la protección de más de dos millones de hectáreas de bioma amazónico. Esto ha contribuido a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, CO2, uno de los gases responsables del calentamiento global, en aproximadamente 1.5 millones de toneladas de CO2, un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático.
Cerca de 90 pueblos indígenas en Guainía, Guaviare y Vaupés se han vinculado, voluntariamente, con estos proyectos REDD+, lo cual ha fortalecido su autonomía y gobierno propio, permitiéndoles gestionar e invertir los recursos económicos, que reciben como producto de la venta de los créditos de carbono, en proyectos productivos y colectivos, que son priorizados en sus asambleas comunitaria, así como iniciativas sociales y productivas que favorecen a las mujeres, jóvenes, infantes y adultos mayores.
Así lo explicó Yina Patricia Arenas – Coordinadora REDD+ Guanía y Guaviare: “Las comunidades de manera voluntaria manifiestan su interés de hacer parte de los proyectos. De ahí viene un proceso de concertación, no solamente con las autoridades de cada comunidad del resguardo, sino que además viene una concertación interna en cada comunidad, donde ellos manifiestan que están de acuerdo con la implementación del proyecto, luego en la ejecución de los recursos, una vez vendidos los Créditos de Carbono, también viene un proceso que es básico dentro de la implementación, que es la concertación comunitaria para la distribución presupuestal de los recursos, que corresponde a cada comunidad y resguardo. En esta concertación deben participar todos los habitantes de ese territorio, donde definen cuál es su prioridad en la inversión. Van definiendo de acuerdo con esa prioridad, van formulando unos proyectos comunitarios que se van ejecutando a medida de las necesidades de ellos y dan como resultado unos informes comunitarios donde podemos medir, esos resultados.”
Para el caso de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés la implementación de estos proyectos ha beneficiado a más de 2.674 familias de al menos 60 comunidades indígenas, fortaleciendo el trabajo de unas 22 organizaciones y asociaciones indígenas.
Entre los proyectos de inversión destacados encontramos el mejoramiento y la construcción de más de 200 viviendas, la siembra de 65.156 individuos y la identificación de las comunidades de más de 8 mil hectáreas en proceso de recuperación, la generación de más de 1.400 empleos y el fortalecimiento de los medios de transporte de estas comunidades mejorando el acceso en sus territorios.
Según testimonios de líderes comunitarios, la llegada de estos proyectos ha sido una “gran bendición. Nos han ayudado a fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad hacia nuestros territorios”, así lo manifestó Fabio Parra Medina, presidente de la Asociación Guardianes de la Selva: “Todo debe ser concertado con la comunidad. Gracias a Dios, nosotros somos muy unidos. Esta comunidad es muy pequeña, pero somos muy unidos. Con el capitán Moisés López, que es con el que trabajamos de la mano con él, para primero priorizamos los proyectos, sí, con todos los habitantes de la comunidad de Bachaco: con niños, jóvenes, mujeres y adultos. En la mesa ponemos todos los proyectos y ahí pues priorizamos lo que vamos a formular porque toda la comunidad de beneficia con ellos”.
La inversión comunitaria de los recursos se realiza en alguna o varias de las siguientes líneas estratégicas:
Protección de los bosques y la conservación ambiental.
Gobernanza forestal y autonomía indígena.
Buen vivir y producción sostenible.
Protección de los conocimientos ancestrales y medicina indígena.
Mujeres y familia indígena.
Para Isabel Blandón, coordinadora de los proyectos REDD+ de Masbosques y Soluciones Proambiente es importante destacar que: “La implementación de estos proyectos se realiza destacando un enfoque integral y transversal que incluye derechos humanos, diferenciación cultural, género y un enfoque de acción sin daño”.
Finalmente, el balance de los proyectos REDD+ en Guainía, Guaviare y Vaupés es indudablemente positivo. Las comunidades indígenas no solo están contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, sino que también están construyendo un futuro más sostenible y próspero. Sin embargo, es crucial que se mantenga el apoyo y la financiación para asegurar la continuidad de estas iniciativas.
La experiencia de estos departamentos del país puede servir como modelo para otras regiones, demostrando que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano, siempre que se respete y valore el conocimiento ancestral y autonomía de los pueblos indígenas.
Tres sargentos viceprimeros, en retiro, fueron víctimas de una red de trata de personas. Dos de ellos son paisas, sus familias hablaron en Exclusivo Colombia y denunciaron que algunos exmilitares integran esta poderosa estructura internacional que recluta por WhatsApp.
El sol apenas despuntaba cuando José Gabriel, José Fernando y Edubán se despidieron de sus familias con la promesa de un futuro mejor. Tres exmilitares colombianos, curtidos por los años de servicio, partieron hacia México tras aceptar una oferta laboral que parecía la respuesta a sus oraciones. Cada uno cargaba con el peso de sus sueños y la esperanza de sacar adelante a sus esposas e hijos, quienes vivían en la lucha diaria por sobrevivir. Sin embargo, lo que encontraron al llegar no fue un trabajo digno, sino una pesadilla: habían caído en manos de una despiadada red de tráfico de personas que destrozaría sus vidas y las de sus seres queridos.
Foto (de izq. a der.): José Gabriel Sáez Angulo, José Fernando Cataño Durango y Edubán Rodríguez Cardona
José Gabriel Sáez Angulo, de 47 años y padre de un joven de 18 cayó en la trampa. Su esposa relató en Exclusivo Colombia que la propuesta llegó a través de un grupo de WhatsApp en el que se reunían varios exmilitares colombianos, un espacio que solía estar lleno de camaradería y ofertas ocasionales de trabajo. Un hombre, que se presentó como un reclutador confiable, de apellido “Campo” le aseguró que la oportunidad era única: vigilancia de plantaciones cítricas, empresa que más adelante compraría una supuesta mina de hierro. Según el falso empleador, era una oportunidad con un salario atractivo y beneficios. El único requisito inicial era costear el pasaje de avión, prometiendo que sería reembolsado al llegar. Para dar más credibilidad, lo citó en el edificio de los Espejos, en Medellín, donde le entregó un carnet y documentos aparentemente oficiales. José, confiado y con la urgencia de ayudar a su familia, abordó un vuelo desde el aeropuerto de Rionegro el 29 de septiembre, creyendo que su destino era Ciudad de México y el comienzo de una nueva vida.
Su esposa, Jackeline del Valle, contó que, al comienzo la comunicación fue por videollamadas y chat, pero la última vez que tuvo contacto con él fue el primero de enero de este año “mi esposo me dice que se va a quedar sin señal durante dos días porque la empresa por la cual fue contratado, que se llama VIP Logistic Group S.A.S. iba a obtener una mina de hierro, entonces por eso se iban a quedar sin señal durante dos días. Él me llama el primero de enero y durante dos, tres, cuatro y cinco días no pasa nada, no llega ninguna llamada, pero el 6 de enero me llega una llamada a mi celular de un exmilitar, aunque yo no conociéndole me expresa que mi esposo muere en combate, a lo cual yo me preocupo y me pongo en angustia porque yo tenía entendido que iba para una vigilancia de plantaciones cítricas.
El 7 de enero, un día después de que la familia de José intentara desesperadamente obtener noticias de su paradero, su esposa recibió una llamada de uno de los supuestos jefes, quien se identificó como “Veracruz”. Con voz fría, el hombre aseguró no tener conocimiento de que José hubiera fallecido, mostrando una aparente incredulidad: “me parece increíble que en Colombia se enteren primero”. Tres días después, el 10 de enero, “Veracruz” volvió a comunicarse, esta vez confirmando la peor noticia: “lamentablemente, él falleció, pero aún no lo tengo conmigo porque estaba con otra empresa. Yo tengo que pagar para que me lo entreguen”, dijo, dejando a la esposa sumida en un dolor indescriptible. Según ella, Veracruz tenía en su poder los documentos y el celular de José, pero las llamadas llegaban desde números diferentes, una estrategia para mantener a la familia en la incertidumbre y el desconcierto.
Su esposa interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la nación por el delito de desaparición forzada, luego el proceso fue trasladado hacia otro funcionario y el delito cambió al delito de trata de personas. Según ella, acudió a diferentes entes como la Cruz Roja Internacional como es cancillería, el consulado de Colombia en México, pero, dice “a la fecha, ninguno me ha dado respuesta absoluta ni sabemos que pasó con nuestros esposos. Nos sentimos desprotegidas, tanto del gobierno colombiano, como del mexicano porque es increíble la falta de empatía”.
José Fernando Cataño Durango, de 47 años, también cayó en la trampa bajo la misma modalidad. Tiene dos hijos de 8 y 19 años. Su esposa también habló con un reportero de este portal y contó que él aceptó la falsa oferta de trabajo con la esperanza de mejorar el futuro de su familia. Como José, fue citado en las afueras del edificio de los Espejos, donde le entregaron credenciales y documentos que parecían respaldar la seriedad de la propuesta.
El 5 de septiembre, a las 10:30 p.m., abordó su vuelo desde el aeropuerto de Rionegro rumbo a Ciudad de México. Al llegar, contactó a su esposa para decirle que tomaría un bus, aunque no especificó el destino. Más tarde, confirmó que había llegado a un hotel en Michoacán, donde, según él, había causado una buena impresión en los jefes, quienes lo enviaron como escolta durante sus vacaciones. En esos días le dijo a su esposa que estaba ansioso por empezar a trabajar y cumplir el contrato de seis meses. Sin embargo, al regresar de las supuestas vacaciones de sus jefes, su comportamiento cambió: empezó a comunicarse con menos frecuencia, era distante y cortante. La última llamada fue el 28 de noviembre. Su esposa le preguntó cómo estaba, y él, con una frialdad inquietante, respondió únicamente: “bien”.
“Yo empecé a devolver las llamadas de esos números con los que él se comunicaba hasta que me contestó un señor llamado -Veracruz- quien me dijo que él ya no trabajaba con él, que él se había cambiado de empresa y que eran dos los que se habían cambiado de empresa y que ya no tenía nada que ver”, agrega su esposa.
En enero, desesperada por obtener noticias, la esposa de José Fernando insistió en comunicarse hasta que alguien finalmente respondió. La voz al otro lado de la línea fue directa -su esposo supuestamente murió-. Con el corazón destrozado, siguió insistiendo hasta que logró contactar nuevamente a “Veracruz”, el supuesto jefe. Días después, él le aseguró que su esposo había fallecido en una “pelea” y le prometió hacerse cargo de la situación, incluyendo la repatriación de las cenizas. Sin embargo, cuando ella rechazó esa opción, argumentando que no podía confiar en que realmente fueran las cenizas de su esposo, “Veracruz” intentó intimidarla diciendo que tenía videos de lo ocurrido. Después de esa conversación, nunca volvió a escribirle: la bloqueó de WhatsApp, dejando a la familia sin respuestas.
En la búsqueda de la verdad, la esposa de José Fernando, acompañada por algunos amigos de su esposo que estuvieron a punto de caer en la misma trampa, logró conectar con las familias de las otras dos víctimas, uniendo su dolor y su indignación en esta tragedia compartida. “ustedes no se imaginan la incertidumbre tan grande, todo, la tristeza, de saber que ellos se fueron esperando que les fuera bien, para que todos estuviéramos bien y encontrarse con eso tan horrible que ni siquiera sabemos den dónde están. Mi niña es muy callada y me dice que le hace mucha falta el papá y me preguntó que cuándo vamos a ir a México. Yo ya le hablé a ella con la verdad, pero ella no ha caído en cuenta”, relata su esposa.
Y atrapada en dolor dijo que “a estas alturas las esperanzas son pocas, pero la esperanza es la última que se pierde. Nosotros hemos rezado mucho. Veracruz es colombiano y también es militar. Si ellos tuvieran un buen corazón, no traficarían con gente”.
Edubán Rodríguez Cardona es el tercer exmilitar desaparecido. Un bloque de búsqueda reportó su desaparición en circunstancias similares y, según el registro fue visto por última vez en Michoacán.
¿En que etapa va el proceso penal?
Las familias, unidas por el dolor y la frustración, sienten que la búsqueda de justicia avanza a un ritmo desesperantemente lento. Aunque la alcaldía de Medellín les ofreció apoyo y sugirió interponer una tutela con el respaldo de distintas organizaciones, las respuestas han sido vagas y la investigación sigue estancada. La falta de atención mediática parece haber relegado el caso al olvido, y la Cancillería, según denuncian, tampoco les ha proporcionado información clara sobre el paradero de sus seres queridos. Las familias están convencidas de que detrás de esta red de trata de personas hay exmilitares involucrados, incluido Veracruz, el falso reclutador que los engañó con promesas de trabajo y desapareció sin dejar rastro. Las esposas de los exmilitares insisten que tienen pruebas logradas por sus propios medios como fotografías e incluso la ruta de ellos habrían tomado por los delincuentes y le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que ponga sus ojos en este caso, que, según ellas, podría tener otras 7 víctimas.
Para llevar la salud a cada rincón de Copacabana y fomentar la prevención de enfermedades, la administración municipal ha puesto en marcha con éxito la estrategia “Salud en mi barrio y mi vereda”, una iniciativa clave del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).
1.300 personas de distintos sectores del municipio como el Alto de la Virgen, Ancón 2, Cabuyal, El Noral, Hospital Santa Margarita, La Asunción, entre otros, fueron atendidas en servicios como vacunación, citología, evaluación de riesgo cardiovascular, tamizaje visual, valoración nutricional, consultas médicas y prevención del dengue.
“Esta estrategia -Salud en mi barrio y mi vereda-, pretende prestar servicios de salud a las personas y acercar estas ofertas a la comunidad; buscamos mejorar la atención en salud a la veredas y barrios y así reducir barreras de acceso y garantizar una atención oportuna y efectiva a los ciudadanos en materia de salud”, informó Alejandra Álvarez Diazgranados, secretaria de salud.
Además, se han desarrollado actividades integrales que incluyen salud oral, charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención del bullying, habilidades para la vida, talleres creativos y actividades lúdicas con un personaje itinerante. También se ha fortalecido el bienestar mental con espacios como “Te escuchamos”, que ofrece escucha activa y apoyo emocional a los asistentes.
La inversión de 1.300 millones de pesos en esta estrategia refleja el compromiso de la administración municipal con el bienestar de la comunidad. Estas acciones no solo buscan tratar enfermedades, sino también fomentar hábitos de vida saludables mediante iniciativas como rumbas aeróbicas y talleres de promoción de la salud.
De acuerdo con la administración, “Salud en mi barrio y mi vereda” es una herramienta clave para garantizar que los servicios lleguen a todos los rincones del municipio, fortaleciendo la equidad en el acceso a la salud.
Con esta iniciativa, Copacabana se posiciona como un ejemplo de gestión en salud pública, proyectándose en atender a más de 2.000 habitantes con otras 13 jornadas adicionales.
La cuota alimentaria en Colombia no solo garantiza el bienestar de los hijos, sino que también es una obligación legal cuyo incumplimiento puede llevar a prisión.
Con montos proporcionales a los ingresos de los padres y ajustes anuales necesarios, esta medida busca responder a las necesidades cambiantes de los menores, priorizando su desarrollo integral.
En Colombia, la cuota alimentaria es una obligación legal que asegura el bienestar de los hijos, cubriendo necesidades como alimentación, salud, educación y vivienda. Sin embargo, existen varios aspectos clave que los padres deben conocer para cumplir correctamente con esta responsabilidad.
¿Cuánto corresponde pagar según los ingresos?
Si un padre devenga un salario mínimo legal vigente, la cuota alimentaria puede representar hasta un 30% de sus ingresos, dependiendo de las necesidades específicas del menor. Por otro lado, si una persona gana más de un salario mínimo, su aporte será proporcional.
Sobre este tema, el abogado Sebastián Gómez Villegas, destacó “lo importante es establecer que quien gana más debe dar más porque es el que puede poner a su hijo en el mismo nivel socioeconómico en el que se encuentra y puede que la otra parte no tenga la misma solvencia económica”.
Sin embargo, el porcentaje exacto no es una regla fija, “para cumplir con sus necesidades no es que se tenga que dar un 30%, se tenga que dar un 20%, no. El problema no está en cuánto porcentaje le corresponde; el problema está, o más que problema, es situarnos en cuáles son las necesidades del niño y cuánto le corresponde al niño. Pues que la obligación es sobre el niño o sobre la niña, valga la redundancia”, señaló Gómez.
¿Qué pasa si la cuota no se ajusta con el tiempo?
Otro de los problemas frecuentes es la falta de actualización de la cuota alimentaria. En algunos casos, los padres pagan la misma cantidad durante varios años, ignorando que los costos de vida y las necesidades de los hijos cambian con el tiempo.
“La cuota alimentaria normalmente cambia anualmente y se incrementa con base en el aumento que tiene el salario mínimo con el porcentaje. Ahora bien, en aquellos casos donde la cuota alimentaria no cambia, se puede ir y comenzar un proceso nuevo para que se exija nuevamente la cuota alimentaria, porque cada año suben los valores y los costos de tener un hijo, inclusive cada vez que crece un hijo sus necesidades cambian y, a partir de ahí, pues mirar una cuota que sea más razonable conforme las necesidades que está teniendo”, enfatizó el abogado.
El incumplimiento es un delito
La inasistencia alimentaria no solo afecta el bienestar del menor, sino que también constituye un delito penal en Colombia. Según el Artículo 233 del Código Penal, quienes incumplan con esta obligación pueden enfrentarse a:
Prisión: Entre 16 y 54 meses.
Multas económicas: De 13 a 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pérdida de derechos: Como la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Es fundamental que los padres revisen anualmente la cuota alimentaria y que ambos contribuyan de forma proporcional a sus ingresos. La prioridad debe ser garantizar el bienestar del menor, situándolo en un nivel acorde a las posibilidades económicas de sus progenitores.
En caso de dudas o conflictos, es recomendable acudir a un abogado especializado o a las autoridades competentes, como los jueces de familia o las comisarías, para asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad.
La nueva apuesta de Copacabana estuvo enfocada en capacitar a cerca de 300 microempresarios para fortalecer el mercado local
La economía de Copacabana ha dado un salto significativo, gracias a una estrategia integral de apoyo al emprendimiento local. La administración municipal, bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, organizó 20 ferias y eventos que beneficiaron a más de 350 emprendedores, quienes alcanzaron ventas superiores a los $1.200 millones.
Estas iniciativas no solo han sido espacios de comercialización, sino también plataformas para posicionar el municipio como un destino de eventos culturales y gastronómicos. Actividades como las Fiestas de la Naranja, La Copa se Vive en Copa (con pantallas gigantes para los partidos de la Selección Colombia), el Festival del Chorizo, Saborea Copa y el Simulacro Decembrino vincularon a miles de visitantes, generando un impacto positivo en el comercio y el turismo local.
El alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo dijo que: “más allá de eventos que integren a la comunidad, organizamos ferias que les permitan a nuestros emprendedores impulsar sus ventas directas. Hemos entendido que entrelazar el turismo y la gastronomía es una fórmula ganadora para fortalecer el comercio local, atraer visitantes y poner a Copacabana “en el mapa” como una ciudad de grandes eventos”
La apuesta no se limitó a la organización de eventos. La administración capacitó a 300 emprendedores en áreas clave como marketing digital, formalización empresarial, comercio electrónico e inclusión laboral. Estas acciones buscan brindar herramientas para que los emprendedores no solo incrementen sus ventas, sino también fortalezcan sus modelos de negocio a largo plazo.
Con estas estrategias, Copacabana se posiciona como un modelo de desarrollo económico inclusivo, impulsando a los emprendedores locales mientras proyecta al municipio como un polo de atracción turística y comercial en el Valle de Aburrá.
Al menos de 160 técnicos del programa Pago por Servicios Ambientales e incentivos a la conservación se reunieron para conocer las experiencias y planear las estrategias que les permitirá seguir el trabajo que a la fecha se adelanta con más de 7.500 familias en el departamento y que ha permitido conservar los ecosistemas estratégicos en 65 municipios de Antioquia. Este modelo, que promueve la preservación ambiental a través de incentivos económicos, se ha consolidado como una de las estrategias más exitosas para la protección de la biodiversidad en la región.
Sandra Duque, subdirectora de Masbosques, destacó el impacto positivo del programa en las comunidades: “Llevamos alrededor de 11 años con esta propuesta, y hemos crecido con un equipo de trabajo comprometido con la conservación. Este es un claro ejemplo de que, sumando esfuerzos entre varias instituciones, podemos lograr grandes cambios en los territorios”, afirmó Duque.
El secretario de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, Jimmy Collazos Franco, también subrayó la relevancia del PSA dentro del Plan de Desarrollo del departamento. “El programa está incluido en el Plan de Desarrollo con un incremento del 20% en el presupuesto, debido a su gran importancia para la conservación del medio ambiente. Actualmente, trabajamos con 7.500 familias en 65 municipios, y la meta es llegar a muchos más ecosistemas y más familias”, agregó Collazos Franco.
Por su parte, Nacor Esteban Napia Carvajal, técnico del programa en los municipios de San Pedro de Urabá y Turbo, destacó los cambios positivos que se están viviendo en estas localidades: “En las comunidades se ha logrado disminuir la tala ilegal, la explotación de maderas y el cuidado de las fuentes hídricas. Esto demuestra cómo el trabajo conjunto puede generar resultados tangibles para la conservación”, explicó Napia.
El líder ambiental también resaltó la importancia de estos encuentros como espacios para el intercambio de saberes. “No existe otra forma de sobrevivir que cuidar la madre tierra. Si no cuidamos lo que tenemos, no podríamos estar. El programa de Pago por Servicios Ambientales es uno de los más brillantes y efectivos en la región”, concluyó.
El programa de Pago por Servicios Ambientales en Antioquia continúa creciendo y consolidándose como una de las iniciativas más destacadas para la protección del medio ambiente, trabajando de la mano con las comunidades locales para lograr un futuro más sostenible.
36% es el incremento en la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Copacabana para 2025, lo que permitirá beneficiar a 1.031 estudiantes adicionales en 22 escuelas y sedes educativas del municipio. Este aumento garantiza que 3.902 niños y jóvenes reciban alimentos nutritivos y balanceados desde el primer día de clases, contribuyendo tanto a su bienestar como a su rendimiento académico.
La Alcaldía de Copacabana anunció un incremento del 36% en la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el próximo año, alcanzando 3.902 cupos en 2025 frente a los 2.871 beneficiarios registrados en 2024.
Este aumento, que equivale a 1.031 nuevos estudiantes atendidos, abarcará 22 escuelas y sedes educativas del municipio, consolidando el compromiso de la administración con la nutrición y el rendimiento académico de los niños y jóvenes.
El alcalde de Copacabana, Johnnatan Pineda Agudelo, destacó la importancia del programa: “sabemos que para muchas familias este programa es un apoyo fundamental. Seguiremos trabajando para garantizar alimentos de alta calidad, nutritivos y balanceados que contribuyan a la salud y al desempeño académico de nuestros estudiantes. Lo más importante es que ningún día del calendario escolar se pierda, y por eso las raciones estarán disponibles desde el primer día de clases”.
De acuerdo con la administración municipal, el aumento en la cobertura del PAE fue posible gracias a un convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia por un valor de $1.849.234.221.
Este acuerdo se suma a un ejercicio riguroso de planeación y la asignación de recursos provenientes de diversas fuentes, como el Sistema General de Regalías (SGR), el Sistema General de Participación (SGP) y recursos propios del municipio.
En 2024, la ejecución del programa requirió una inversión total de $2.834 millones, distribuidos de la siguiente manera:
Recursos propios: $1.627 millones
Gobernación de Antioquia: $587 millones
Sistema General de Regalías: $440 millones
Sistema General de Participación: $177 millones
Durante 2024, el programa entregó más de 511.000 raciones alimentarias a 2.871 estudiantes. Para el próximo año, la ampliación a 3.902 beneficiarios permitirá que más niños y jóvenes de Copacabana cuenten con una alimentación adecuada que potencie su capacidad de aprendizaje y concentración.
“Está comprobado que un estudiante mal alimentado pierde hasta el 30% de su capacidad de concentración y aprendizaje. Por eso, el PAE no es solo una comida, es una oportunidad para mejorar el rendimiento académico y la calidad de vida de nuestros estudiantes”, enfatizó el alcalde Pineda Agudelo.
El programa cubrirá 22 instituciones educativas y sedes del municipio, asegurando su operatividad desde el inicio del año escolar. Este esfuerzo refleja el compromiso de la administración municipal por convertir el PAE en un pilar del desarrollo educativo y social de Copacabana.
Con esta ampliación, el municipio no solo busca garantizar la seguridad alimentaria de sus estudiantes, sino también consolidarse como un modelo de gestión eficiente en programas de alimentación escolar a nivel regional.
En un rincón selvático del suroeste colombiano, una historia que comenzó como un accidente se ha convertido en un proyecto único en el mundo. Dos años atrás, una pareja adquirió unas tierras familiares en la cordillera occidental, una decisión impulsada por la urgencia de proteger el medio ambiente. Lo que en un principio fue un intento por detener la tala indiscriminada y la deforestación se transformó en una apuesta innovadora que mezcla apicultura, tecnología y preservación ambiental directamente desde Antioquia para el mundo
Salvando un legado familiar
La historia de Henry Gómez comenzó cuando unos primos, dueños de una parcela que había pertenecido al tatarabuelo de la familia, decidieron vender el terreno a una empresa estadounidense interesada en cultivar aguacate hass.
Este cultivo, conocido por su alto rendimiento económico, implicaba la destrucción de la selva. Frente a este escenario, Henry y su pareja compraron la tierra, no como inversión, sino como un acto de resistencia.
“Nos negamos a que esa selva fuera destruida para sembrar aguacates“, contó Henry. Pero el reto apenas comenzaba. A los pocos meses de la compra, aparecieron los aserradores, saqueando la madera bajo la sombra del bosque.
“Controlar un terreno tan vasto en un cañón montañoso era casi imposible, por lo que me surgió la idea de usar abejas africanizadas para proteger la propiedad. Busqué capacitación con un amigo experto en el tema. Instalé colmenas y señalicé el área con advertencias para que los vecinos también tuvieran precaución”, comentó Henry.
El temor surtió efecto. Los taladores se alejaron. Sin embargo, lo que empezó como una medida de protección despertó una nueva pasión. En el camino, conoció a las abejas angelitas, una especie nativa que, a diferencia de las africanizadas, no pican.
Inspirado por la naturaleza, decidió combinar su interés por la apicultura con la impresión 3D. Así nació un proyecto único: vida en la cordillera.
“Nosotros diseñamos colmenas con tecnología de impresión 3D a partir de materiales biodegradables como la fécula de maíz y la papa. Estas colmenas, lejos de ser simples cajas, adoptan formas que van desde castillos y casas coloniales hasta naves espaciales y barcos”, explicó Henry emocionado.
“Es un proyecto sin precedentes en el mundo”, afirmó. Las colmenas no solo son estéticas, sino que también garantizan la durabilidad y el bienestar de las abejas. Algunas de estas estructuras han sido instaladas en lugares tan remotos como San Francisco, en el Chocó, fomentando la conservación y la polinización en zonas donde la biodiversidad está amenazada.
En la fachada de su empresa, Henry ha instalado colmenas que han transformado la vegetación del lugar, “ahora tengo árboles de mango, guayaba y naranja que están en constante producción gracias al trabajo incansable de las abejas”.
“La miel que producen las angelitas es otro tesoro. Líquida y de sabor exquisito, es considerada la más costosa en Colombia, llegando a venderse por 150.000 pesos el litro. Aunque una colmena puede tardar un año en producir una libra de miel, la rentabilidad del negocio es alta, gracias a la venta de las colmenas y sus enjambres”, señaló Henry.
El emprendimiento no solo beneficia al medio ambiente. La pareja también trabaja con artesanos locales, integrando elementos como ventanitas y puertas en sus colmenas coloniales. Esto crea una cadena de valor que impulsa la economía de la región.
“Nuestra visión es apoyar a los artesanos y fomentar el uso de materiales amigables con el medio ambiente”, dijo Henry optimista con lo que estaba logrando.
Con el tiempo, el proyecto ha evolucionado hacia la instalación de colmenas urbanas. Utilizando botellas recicladas y propóleo, un compuesto con propiedades medicinales, atraen abejas en áreas urbanas, creando nuevos hábitats en árboles y espacios verdes.
Este modelo, además de aumentar la población de abejas, sensibiliza a las comunidades sobre la importancia de estos insectos para el equilibrio ecológico.
Lo que comenzó como un acto de protección ambiental se ha convertido en un emprendimiento revolucionario que transforma vidas y paisajes. Desde la preservación de la selva hasta la creación de colmenas únicas en el mundo.
