Por: Jaime Andrés García – Director ejecutivo Masbosques Colombia
Las discusiones ambientales han llegado a niveles históricos: academia, gobierno, autoridades y corporaciones ambientales, ciudadanos e instituciones públicas y privadas se han sumado al propósito de entender las exigencias e implicaciones del momento que vivimos, que cada vez nos acerca más a un punto de no retorno, para encontrar salidas conjuntas y oportunas.
Y pese a que hay una pluralidad en el debate y una visibilidad que nos alivia, no hay duda de que faltan voces importantes, pues las discusiones deben llevarse a las comunidades, a los sectores más vulnerables y a quienes, por décadas, han custodiado nuestros patrimonios naturales de forma anónima y altruista, pero también a los que han sufrido, de manera desigual, las consecuencias del cambio climático.
La democracia ambiental, un concepto que proviene del Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia en 2022, refuerza el derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, es decir, nos entrega la capacidad, responsabilidad y posibilidad de definir el futuro ambiental de nuestra nación.
La protección de este derecho es fundamental para aquellos que por décadas han emprendido luchas en territorios críticos, a riesgo de las consecuencias que esto traiga, por conservar sus ecosistemas. El Acuerdo de Escazú crea tres líneas claras que van en esta misma dirección: el acceso a la información ambiental, la participación pública de todos los actores en las tomas de decisiones ambientales y las garantías de acceso a la justicia para los defensores ambientales.
No se puede concebir la definición colectiva del futuro ambiental sin la participación de todos los actores. Es ahí cuando la justicia climática y la democracia ambiental deben dialogar para facilitar la toma de decisiones, la resolución de conflictos y la anticipación a situaciones críticas.
Los cimientos de una sociedad se construyen sobre la posibilidad que tienen los ciudadanos de vivir en entornos sanos, seguros y saludables. La crisis climática, que convierte a Colombia en un país altamente vulnerable a sus efectos, nos demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de una realidad que se debe ver desde una óptica integral.
Los derechos constitucionales al medio ambiente sano, a la distribución equitativa de los recursos y a su conservación deben ir ligados a la protección de los derechos humanos y al reconocimiento de las desventajas que existen en las comunidades más vulnerables, que hoy impiden que su voz, tan necesaria, sea escucha en entornos decisivos.
